La Junta de Andalucía está elaborando un estudio de caracterización del suelo para evaluar la existencia o no de contaminación a raíz de los vertidos de aguas oleosas detectados el pasado año en Carboneras y que procederían de las instalaciones de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel ubicada el municipio.

El estudio es una caracterización "exploratoria" de la calidad ambiental del suelo y las aguas subterráneas asociadas en el perímetro de las instalaciones de la empresa FJ Sánchez Sucesores SAU para así "determinar la composición de los efluentes detectados" y la posible extensión "de la afección a otros terrenos".

Así, de forma paralela se ya se ha realizado un muestreo preliminar de los suelos y de las aguas subterráneas en los principales focos de posible afección existentes en las instalaciones de la planta desaladora de Carboneras para "tratar de identificar el posible origen de los mismos".

De esta forma lo ha trasladado la administración autonómica a la jueza que instruye la causa penal abierta a raíz de vertidos que habrían afectado a los pluviales de la planta desaladora. Uno de ellos fue denunciado en abril de 2018 por el gerente de la empresa Acuamed, quien comunicó a la Guardia Civil que, de una de las paredes, "emanaba un residuo líquido viscoso de color negro" en "grandes cantidades", y el segundo, en dos episodios con 72 horas de diferencia, en octubre, en sendas actuaciones de la propia Guardia Civil ya que estos habrían llegado hasta el mar.

En un informe remitido a requerimiento del Juzgado de Instrucción 1 de Vera, la Junta señala que se ha decidido realizar el citado estudio con determinaciones analíticas "sobre muestras de suelos y aguas subterráneas" debido a los antecedentes ya que no se trataría de los primeros vertidos cuya investigación está judicializada y constan cuatro expedientes sancionadores contra la empresa denunciada.

Cabe recordar que otro juzgado veratense mantiene abiertas diligencias previas por un vertido localizado en septiembre de 2015 mientras que la Junta impuso por este a la propietaria de la planta, FJ Sánchez Sucesores SAU, una sanción de 603 euros, recurrida en alzada, con obligación de restauración y limpieza del terreno por la comisión de una infracción grave a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La Junta andaluza impuso otra sanción, entre caso de 24.001 euros, a la misma mercantil por un "vertido de aguas residuales industriales" en abril de 2017. Se avino al pago voluntario pero aún mantiene la obligación de restauración, con obligación de limpieza y entrega a gestor autorizado de las tierras contaminadas por vertidos aceitosos, entregando a la Delegación los justificantes que lo acrediten.

Otros dos expedientes sancionadores fueron abiertos, si bien uno se archivó por que los hechos investigados ya habían sido objeto de otro procedimiento sancionador. El otro, por denuncias de abril de 2008, continúa en tramitación por dos presuntas infracciones a la ley de gestión de la calidad ambiental. 

El informe remitido incluye a requerimiento del juzgado una valoración de daños al dominio público marítimo-terrestre y concluye que el vertido detectado en abril de 2018 "que procedía de la planta desaladora no ha de considerarse como vertido ya que era agua de los bastidores" mientras que apunta a que el vertido detectado en el canal de pluviales "fue retenido en esa ocasión, no llegando por tanto al DPMT".

Sobre posibles daños al dominio público hidráulico, los técnicos de Medio Ambiente indican que no se puede proceder a la cuantificación del valor del "daño ocasionado" porque no existe estudio hidrogeológico que determine que el presunto vertido procedente de la empresa FJ Sánchez Sucesores en el terreno ha afectado al DPH, por lo que considera "necesaria" su elaboración para "determinar el origen de los mencionados vertidos y de la zona afectada por los mismos".

Añade, no obstante, que entiende que sería "necesario" pedir informe a la autoridad sanitaria para que determine si ha podido "poner en riesgo la salud de las personas" el vertido que se produjo en octubre de ese mismo año y que estaba conformado "teóricamente por aguas pluviales contaminadas procedentes de la planta de biodiésel y que se realiza a escasos 200 metros de la toma de agua que utiliza la planta desaladora para producir agua potable".

Este fue incorporado a la causa penal a raíz de un atestado que el 20 de octubre elaboró la Guardia Civil tras detectar el citado vertido, en este caso al mar, en el entorno del puerto. Su presencia, que fue grabada y difundida a través de las redes sociales, provocó la "alarma" entre los vecinos de la zona, según indicó el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, a través de su perfil en Facebook, donde aseguró que acudió hasta la zona para comprobar los daños, si bien a su llegada "ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia".

La Junta también reconoce a la jueza instructora que la empresa FJ Sánchez Sucesores SAU "no dispone de autorización de vertido" ni al dominio público marítimo-terrestre (DPMT), ni al dominio público hidráulico (DPH) "de las aguas de proceso" o "aguas pluviales contaminadas generadas en su actividad".

Al hilo de esto, el informe cuestiona que esta autorización, que se tramita desde 2012, pueda tener viabilidad ya que, en los análisis realizados, se "observa que se han superado muy ampliamente los valores límites de emisión" que contempla el Reglamento de Vertidos al DPH y al DPMT de Andalucía y que, por lo tanto, "se puede afirmar que este efluente es altamente contaminante".

El procedimiento por supuesto delito medioambiental se abrió después de que el gerente de la empresa Acuamed informase en abril de 2018 a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación "emanaba un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades".

Cuando los agentes se personaron comprobaron que "efectivamente" brotaba del lateral de ladera de la montaña "un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite" y el gerente les informó de que, "probablemente, provenía de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora".

En el marco de estas diligencias, la declaración en calidad de investigado del representante legal de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel de Carboneras ante el Juzgado de Instrucción 1 de Vera por un presunto delito medioambiental estaba señalada a través de videoconferencia en Cabra (Córdoba) tal y como solicitó su defensa para este miércoles. No obstante, ha sido suspendida sin que la jueza haya fijado nueva fecha, según precisaron fuentes judiciales.