La asociación Abusos Urbanísticos Andalucía-No (AUAN), que agrupa a propietarios de viviendas irregulares, ha indicado que el decreto de regularización aprobado por el Gobierno andaluz supone que “ya estamos saliendo del túnel de la insensatez urbanística” y ha señalado que, aunque “no va a resolver todos los casos”, sí va a “ayudar a multitud de familias”.

En un comunicado, la presidenta, Maura Hillen, ha calificado de “fenomenal paso adelante” el impulso normativo y ha trasladado que espera que el cambio “sea ratificado” por el Parlamento andaluz “muy pronto con el máximo consenso”.

“Es un cambio prometido por el PP, apoyado por Ciudadanos y entendemos que Vox también lo apoya, por lo que nos gustaría que también pudiese contar con el apoyo del PSOE y de Adelante Andalucía, pues al fin y al cabo, estamos hablando de una cuestión de bienestar social, de humanidad, y desde luego una cuestión de sensatez medioambiental”, ha dicho.

Hillen ha rechazado el “mantra” de que supone “un premio a los infractores, o de que va a haber un efecto llamada” y ha pedido que “miren a los ojos de los ciudadanos afectados y les expliquen cómo se ha permitido que este desastre ocurra, y cómo se van a perseguir los verdaderos infractores”.

“Lo que hay que hacer es resolver este problema urgentemente, y evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Ese es el reto”, ha señalado para añadir que está “segura de que el gobierno andaluz tiene la decidida voluntad de resolver todo esto”.

Por su parte, el asesor jurídico y portavoz de AUAN, Gerardo Vázquez, también portavoz de la ‘Coordinadora nacional de Asociaciones pro Justicia en el Urbanismo’ (CAJU), ha apuntado que no “se trata de una amnistía sino que es la aplicación del sentido común más básico”.

“Es evidente que si existen 327.000 viviendas irregulares en Andalucía, no se pueden tirar todas, y tirar algunas tampoco resuelve nada. Tampoco resuelve nada ignorar estas viviendas como si no existiesen”, ha explicado para remarcar la necesidad de “regularlas cuanto antes”.

Vázquez ha concluido afirmando que el decreto incluye medidas para integrarlas en el tráfico jurídico, “para que sus dueños tengan los servicios básicos de luz y agua que todo ciudadano tiene derecho a esperar, y para que dejen de dañar el medio ambiente”.

“No va a resolver todos los casos, pero sí preveo que va a ayudar una multitud de familias andaluzas”, ha finalizado.