Carboneras no para en los tribunales: la Audiencia de Almería reabre el caso de los sobresueldos irregulares

La Audiencia de Almería ha revocado el archivo de la causa que investiga el presunto pago irregular de sobresueldos a funcionarios del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) durante el anterior mandato del PSOE. El tribunal ha ordenado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Vera (Almería) que reabra las diligencias para tomar declaración a una decena de testigos.

Ante esta reactivación judicial por parte de la Sección Tercera de la Audiencia, el actual alcalde de la localidad, Salvador Hernández (Cs), ha anunciado a EFE que el Ayuntamiento se personará en el procedimiento para "defender los intereses municipales" y asegurar el esclarecimiento de los hechos, que afectan a las arcas públicas del consistorio.

El auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso EFE, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el actual concejal no adscrito y exalcalde Felipe Cayuela, quien originalmente denunció las presuntas irregularidades.

El tribunal considera que el sobreseimiento provisional dictado en septiembre de 2024 fue prematuro y ordena "apurar la investigación" escuchando a los testigos que fueron admitidos en un auto de agosto de 2021 pero que nunca llegaron a declarar.

En concreto, el juzgado deberá citar a las personas que presuntamente percibieron estas "retribuciones complementarias" y "gratificaciones por horas extraordinarias" bajo la lupa judicial.

Sin embargo, la Sala ha rechazado la petición de solicitar nueva documentación al Ayuntamiento al considerar que el plazo de instrucción para nuevas diligencias ya ha finalizado.

La causa se centra en la gestión de un alcalde anterior, el socialista José Luis Amérigo, y su entonces concejal de Hacienda, Ramón Soto, quienes figuran como investigados por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La investigación trata de determinar si, como sostenía la denuncia original, el anterior equipo de gobierno articuló un sistema de pagos al margen de la legalidad para beneficiar a determinados empleados municipales, incluidos habilitados nacionales y personal laboral.

Las pesquisas apuntan al abono de complementos de "productividad" que, lejos de retribuir un especial rendimiento, se habrían convertido supuestamente en una cuantía fija y periódica en las nóminas, carente de justificación objetiva sobre el desempeño del puesto.

Asimismo, se investigan "gratificaciones extraordinarias" en concepto de horas extras que se habrían autorizado de forma continuada y sin el preceptivo control o cobertura jurídica.

El procedimiento judicial busca aclarar si estas resoluciones, firmadas supuestamente por Amérigo y propuestas por Soto, supusieron un perjuicio para las arcas municipales al prescindir del procedimiento legalmente establecido para la asignación de retribuciones públicas.

Investigación por compra de votos

De forma paralela a este asunto, el Ayuntamiento de Carboneras tiene otros frentes abiertos. El exalcalde popular de Carboneras (Almería) y actual concejal no adscrito Felipe Cayuela se ha convertido en uno de los investigados judicialmente en el marco de la causa abierta en los juzgados de Vera (Almería) por la presunta compra de votos durante las elecciones municipales de mayo de 2023.

Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, Cayuela se suma a la lista de investigados en este caso, en la que también figura su hermano Francisco, junto a una tercera persona. Los hermanos Cayuela declararon el pasado 11 de diciembre en calidad de investigados dentro de las diligencias previas que instruye la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera.

La investigación trata de esclarecer si existió una trama organizada para alterar el resultado electoral mediante el pago de dinero a cambio de sufragios.

El procedimiento judicial se sustenta, entre otros elementos, en un atestado de la Policía Judicial del que se desprenden "nuevos indicios" y en el que constan testimonios de ciudadanos que habrían reconocido en sede policial "haber recibido dinero a cambio de su voto" en los comicios de 2023.

La toma de declaración de los investigados se produce meses después de que el juzgado acordase, el pasado julio, "apurar la investigación" mediante la citación de siete testigos considerados clave para determinar la "naturaleza y circunstancias del hecho".

Estas testificales, programadas para agosto, buscaban arrojar luz sobre la supuesta entrega de cantidades que oscilarían entre los 50 y los 100 euros por voto.

La denuncia original fue interpuesta, entre otros, por el actual alcalde de la localidad, Salvador Hernández (Cs), quien ejerce la acusación particular.

Felipe Cayuela, que ganó las elecciones de 2023 bajo las siglas del PP y fue depuesto posteriormente gracias a una moción de censura de Cs y PSOE, abandonó dicha formación el pasado mes de julio y actualmente mantiene su acta como concejal en el grupo de los no adscritos en la corporación municipal.