La exalcaldesa de Turre (Almería), María Isabel López (PSOE), para la que la Fiscalía ha interesado provisionalmente 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por negar hace tres años la instalación de un puesto de turrones en la feria del pueblo, ha asegurado hoy que se hizo por recomendación de la Policía Local para "evitar incidentes".

Así lo ha manifestado durante la vista oral celebrada esta mañana ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, apuntando que es la Policía Local la que distribuía los puestos de la feria, y que debido a que no habían sido cedidos unos terrenos, por motivos de "seguridad" se decidió llevar a cabo una reordenación en el recinto ferial.

Ha aseverado que la Alcaldía de Turre "no se mete en nada que tenga que ver con la ubicación o las medidas de seguridad", y que lo que pasó inicialmente es que se comunicó al denunciante que no podría ubicarse en el mismo espacio que tradicionalmente ocupaba.

Asegura que tras esto el turronero acudió a su despacho dónde, tras llamar al jefe de la Policía Local para explicar lo que ocurría, sucedió un "incidente muy grave" con éste último, un "incidente de gran calado", añadiendo que desconocía en qué momento solicitó este hombre la instalación de su puesto.

"Él quería colocar en ese sitio en concreto, de ahí derivó. Que no quiso moverse", ha añadido, recordando que tras lo sucedido en su despacho se inició un expediente sancionador contra el feriante. Con todo, ha sostenido que la resolución que dictó negando la instalación del puesto era una "nota informativa" derivada de las manifestaciones de la Policía Local sobre que no debía colocarse este negocio por lo que "podía conllevar" debido a su actitud.

También ha negado que el hombre recurriese o que se le hubiese trasladado a éste antes de dicho incidente, como ha sostenido el propio interesado, que no se le iba a conceder el puesto porque se le fuese a dar a otra familia de Turre.

El denunciante ha asegurado sin embargo que la Policía Local lo llamó por teléfono para informarle de que se iba a dar su ubicación habitual a una "familia gitana de Turre", que había "favoritismos" en Turre como también pasaba en su pueblo. Sobre el "incidente" del despacho de la exregidora, ha negado la gravedad del mismo, apuntado que finalmente fue sancionado porque era su "palabra contra el de un policía local y eso prima".

Ha mantenido que cuando salió de este despacho intentó presentar la documentación correspondiente, precisando que antes no había sido posible por el propio funcionamiento del Consistorio, pero que no le dejaron.

La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la acusada dictó el 20 de septiembre de 2018 una "resolución arbitraria" por la que denegaba la colocación de un puesto de turrones en el recinto ferial de Turre.

En este punto, el fiscal apunta que dicho puesto había sido "tradicionalmente" instalado por su responsable y su familia desde 1949, siendo dicho hombre parte de la "tercera generación" que disfrutaba de este puesto.

La exregidora argumentó para denegar la instalación que se hacía "con la finalidad de evitar incidentes de calado" como el que, según ella, había tenido lugar entre el turronero en su despacho.

El escrito de acusación recoge que el turronero solicitó la instalación del puesto el 12 de septiembre de 2018, reiterando esta petición apenas dos días más tarde, reclamando que se respetase el lugar que venía ocupando en el recinto ferial por ser el "más antiguo" que hacía uso del mismo.

El fiscal asevera que la exprimera edil contravino "a sabiendas de su injusticia" esta solicitud, explicando que al no existir una ordenanza municipal que regule la concesión y colocación de los puestos, en este municipio almeriense vienen adjudicándose "en base a la tradición y antigüedad de los solicitantes".