El juicio por malversación contra el exalcalde de Albox ya tiene nueva fecha

El exalcalde de Albox, Francisco Torrecillas, se enfrenta a un juicio en la Audiencia Provincial de Almería, acusado de varios delitos relacionados con el asfaltado de la rambla del municipio. Junto a él, también está imputado el concejal de Obras Públicas, José Campoy, con la Fiscalía pidiendo siete años de prisión para ambos. Inicialmente, el juicio iba a celebrarse este pasado 15 de mayo pero tuvo que ser reprogramado debido a un accidente doméstico de Torrecillas que le impidió asistir en la fecha original. Ahora, ya se ha determinado la nueva fecha del juicio que se pospone para los próximos 17, 18 y 19 de febrero de 2025.

Francisco Torrecillas y José Campoy se enfrentan a varias acusaciones graves. Por un lado, se les acusa de un delito contra la ordenación del territorio, por el cual la Fiscalía solicita dos años de prisión e inhabilitación para cualquier profesión y oficio que esté relacionado con la construcción. Este delito está conectado con la decisión de pavimentar el cauce de la Rambla de Albox, un espacio que forma parte del dominio público hidráulico y que requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Además, se les imputa por un delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía sostiene que ambos utilizaron fondos municipales para llevar a cabo la obra sin la debida autorización y sin seguir los procedimientos administrativos legales. Por este delito, se pide una pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta para cualquier empleo o cargo público durante 15 años. También está implicado el interventor municipal, quien, según la acusación, autorizó el gasto y firmó el contrato necesario para ejecutar la obra.

Según La Comarca, los hechos a los que han podido tener acceso, se remontan a julio de 2017. La acusación relata que Torrecillas y Campoy, de común acuerdo, "decidieron de común acuerdo, pavimentar el cauce de la Rambla de Albox. Ambos eran conocedores de que la obra requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y pensaban que esta institución no lo concedería (el permiso)”

Además de las penas de prisión, Torrecillas y Campoy se enfrentan a una posible inhabilitación de cargos públicos. Por el delito de prevaricación, la Fiscalía pide doce años de inhabilitación, subrayando la gravedad de tomar decisiones administrativas contrarias a la legalidad y utilizando fondos públicos de manera indebida.

El juicio que se conoce como Caso Rambla II, ha captado la atención mediática y local debido a la implicación de figuras políticas y la naturaleza de las implicaciones. La reprogramación del juicio, inicialmente previsto para el 15 de mayo de 2023, se debió a un accidente doméstico sufrido por Torrecillas, lo que imposibilitó su comparecencia. Ahora las nuevas fechas establecidas para la celebración del juicio están programadas para febrero de 2025 buscan esclarecer los hechos.