Asociaciones y vecinos de Níjar reclaman la implantación del método CER para colonias felinas

Las entidades recuerdan que la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales atribuye a las administraciones locales la competencia y la obligación de gestionar las colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), así como de desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el control poblacional y el bienestar de los gatos comunitarios.

Según exponen en el documento, estas obligaciones no se limitan únicamente a la esterilización de los animales, sino que incluyen la elaboración e implantación de un programa municipal específico, la creación de un registro de colonias, la coordinación con asociaciones y voluntariado acreditado, la formación del personal municipal implicado, la aprobación de protocolos de actuación ante incidencias y conflictos vecinales, así como la puesta en marcha de campañas de sensibilización ciudadana.

Las asociaciones aseguran que, en el municipio de Níjar, no se ha implementado de manera efectiva un programa municipal CER, ni se han desarrollado el resto de actuaciones previstas en la normativa, pese a las reiteradas solicitudes realizadas en los últimos años por colectivos y personas voluntarias.

En el escrito también se adjunta un censo actualizado de colonias felinas en San José y El Pozo de los Frailes, elaborado a partir de trabajo de campo realizado por voluntariado. Aunque este inventario solo abarca una parte del término municipal, las entidades consideran que refleja la magnitud del problema y la necesidad de una intervención estructurada y coordinada. Según el censo realizado, se estima que, entre las dos localidades, existen más de 350 gatos comunitarios y que, de ellos, sólo el 40% se ha esterilizado, en su mayor parte con recursos de la entidad animalista y otros vecinos voluntarios.

Un programa necesario para el control de colonias felinas

Las asociaciones advierten de que la falta de actuación municipal supone, a su juicio, un incumplimiento de las obligaciones legales y traslada de facto a colectivos y particulares responsabilidades que corresponden a la administración pública, sin respaldo institucional ni dotación de medios suficientes.

Entre las solicitudes formuladas al Ayuntamiento figuran la creación y mantenimiento de un registro municipal de colonias felinas, la aprobación de protocolos oficiales para la captura, esterilización y retorno, la atención veterinaria de urgencia, la gestión de conflictos vecinales y la acreditación formal de personas voluntarias y entidades colaboradoras. Asimismo, reclaman formación específica para el personal municipal y una dotación presupuestaria adecuada para garantizar la ejecución del programa.

Las entidades solicitan que el Consistorio informe por escrito y en el plazo legalmente establecido, sobre las medidas que se adoptarán, el calendario de implantación y el área municipal responsable. En caso de no obtener respuesta, anuncian que se reservan el derecho a emprender las acciones administrativas y jurídicas que consideren oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección del bienestar animal.