Pedro Zamora (PP) dimite como alcalde de Garrucha: un ex de Izquierda Unida será su sucesor

El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, del Partido Popular, ha presentado este miércoles su renuncia, tal y como había anunciado hace unas semanas. Lo hace para cumplir con el pacto de alternancia alcanzado tras las elecciones de mayo de 2023 con Álvaro Ramos, el candidato de Con Andalucía (Izquierda Unida).

El Partido Popular de Garrucha ha informado de la dimisión a las 12:42 horas a través de un breve comunicado en las redes sociales. En ese escrito aseguran que Pedro Zamora agradece el apoyo de los vecinos en una etapa “muy complicada” y destaca avances como las de la rotonda de La Simona, mejoras en la gestión municipal y nuevas infraestructuras. Asimismo, señala que el ya exalcalde seguirá como concejal "defendiendo los intereses de Garrucha".

Aún no se conoce la fecha en la que se celebrarán los plenos extraordinarios para dar cuenta de la dimisión y elegir un nuevo alcalde. Según estipula el Artículo 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes.

Posteriormente, se abre otro plazo de diez días para celebrar la sesión extraordinaria para la elección de un nuevo alcalde. Según estos plazos, el límite para que Garrucha tenga nuevo alcalde es el 17 de febrero.

Un pacto que le costó la expulsión a los concejales de IU

Cabe recordar que el PSOE ganó las elecciones con 39,76% de los votos que le reportaron 7 concejales, una cifra insuficiente para obtener la mayoría de un plenario de 17 ediles. El PP fue la segunda fuerza más votada, logrando 6 ediles, mientras que Con Andalucía (IU) mantuvo dos concejales y entraban en el Ayuntamientos dos fuerzas nuevas: VOX, con un concejal; y UCIN, con otro.

Conocida la profunda enemistad existente entre la candidata del PSOE, María López, y el de Izquierda Unida, Álvaro Ramos, con querellas y denuncias mutuas, todo apuntaba a un pacto antinatura entre el Partido Popular e IU. Un acuerdo que quedó de manifiesto en el pleno de investidura celebrado el 17 de junio, en el que Pedro Zamora (PP) lograba la mayoría de los votos gracias al apoyo de los dos concejales de Izquierda Unida, Álvaro Ramos y Luis Fernández, y el de José Antonio Alonso, de VOX.

Solo dos días después, la dirección provincial de Izquierda Unida comunicaba la baja automática de los dos concejales tras entrar en el gobierno junto a PP, por lo que pasaron a considerarse tránsfugas, como no adscritos.

Acuerdo para ceder la Alcaldía el 1 de enero de 2026

El acuerdo entre el Partido Popular y Álvaro Ramos incluía el traspaso de la Alcaldía a este último durante la segunda mitad del mandato. Un intercambio que debía hacerse efectivo el 1 de enero de 2026, pero que el alcalde Pedro Zamora demoró hasta presentar en Fitur la nueva campaña turística del municipio.

El 3 de enero Álvaro Ramos comunicaba que su grupo político, rebautizado como Garrucha con la Gente, daba por roto el pacto de gobierno al "negarse el alcalde Pedro Zamora y el concejal José Antonio Alonso (Vox) a ceder la Alcaldía".

Según manifestó Ramos en un comunicado de prensa, el 14 de noviembre de 2025, en una reunión mantenida entre el alcalde Pedro Zamora y la dirección provincial del Partido Popular de Almería, se tomó la decisión de adelantar el relevo en la Alcaldía al 1 de enero de 2026. En su nota aseguraba que "esta decisión se adoptó ante la existencia de decenas de informes del interventor municipal que advertían de numerosas irregularidades, tanto del anterior gobierno socialista como de la gestión de Pedro Zamora: reparos por irregularidades en la totalidad de las nóminas, suspensión de complementos cobrados irregularmente, reintegro de cobros por anomalías en nóminas, grave quebranto a la Hacienda pública en el procedimiento de estabilización de empleo, reparos a productividades concedidas por Alcaldía sin justificar, aumentos salariales firmados por el propio alcalde, obstaculización a la labor de intervención, inicio de expedientes de reintegro de nóminas, ignorar sentencias judiciales firmes, alteración en el orden de pago de facturas, entre otros".