Negativa a descatalogar el suelo de la antigua central térmica de Carboneras: "Se juega con el pan de muchas familias"

La propuesta para solicitar la descatalogación y desafectación de los Montes de Utilidad Pública sobre los que se asientan los terrenos de la antigua central térmica, y que el PSOE calificaba de irregular, no ha prosperado al no alcanzarse la mayoría absoluta necesaria en la sesión plenaria celebrada este jueves, a pesar de haber obtenido más votos a favor que en contra.

La iniciativa, que busca habilitar estos suelos para la instalación de proyectos industriales sostenibles que sustituyan la actividad de la térmica, ha contado con el respaldo de seis concejales (alcalde, cuatro ediles del PP y uno del PSOE). Sin embargo, al requerirse por ley el voto de mayoría absoluta (siete ediles) para este trámite, el rechazo en bloque de cuatro concejales socialistas y el concejal no adscrito Felipe Cayuela, sumado a la abstención de una representante popular y una ausencia en las filas socialistas, ha impedido que la medida prospere.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha lamentado tras el pleno que “se esté jugando con el pan de muchas familias y con el futuro de Carboneras”. “Estamos hablando de puestos de trabajo y de que en la medida en que haya nuevas empresas que paguen los impuestos que ya no paga la térmica, podremos tener más servicios y mejor calidad de vida”.

De ese modo, ha considerado que “aquellos concejales que, por el momento, están impidiendo con su voto que nuevas empresas se asienten en el municipio tendrán que explicar qué les lleva a hacerlo. El gobierno municipal seguirá cumpliendo con su deber de promover los acuerdos obligatorios por ley para que estos terrenos de uso industrial puedan urbanizarse y generar empleo y riqueza en el municipio”.

El primer edil ha sido tajante respecto a la titularidad de los suelos. “No vamos ni a enajenar, ni a vender ni a expoliar el patrimonio de los carboneros”, además de explicar que “estamos dando los pasos legales que la propia oposición inició en su etapa de gobierno, pero que ahora bloquean al mismo tiempo que tratan de confundir a la ciudadanía”. En ese sentido, ha recordado que el 28 por ciento de los suelos en cuestión “son y seguirán siendo de propiedad municipal” y que, una vez que pueda llevarse a cabo un plan de urbanización para los mismos, se estudiará el mejor modelo de gestión municipal para favorecer la implantación de iniciativas sobre los suelos.

Pasos firmes

Desde el equipo de gobierno lamentan que el bloqueo plenario "llega en un momento fundamental, con el apoyo del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía al desarrollo de la zona". Esta misma semana, el Gobierno andaluz ha resuelto una ayuda de más de 5 millones de euros para la ejecución de la primera planta de producción interesada en ocupar parte de estos terrenos.

La propuesta elevada a pleno, después de que una aprobación anterior del mismo punto quedara invalidada por errores de forma, contempla la solicitud de descatalogación y desafectación de los Montes de Utilidad Pública (MUP) 118-A, con una superficie de 55.204 metros cuadrados, y MUP 118-B, de 90.449,89 metros cuadrados. 

Estos terrenos están integrados dentro del suelo urbano industrial y del sector urbanizable S-l1, lo que los convierte en espacios estratégicos para la implantación de nuevas actividades económicas.

Desde el Ayuntamiento, aseguran, se han cumplido todos los trámites administrativos preceptivos para tratar de sacar adelante la solicitud de esa descatalogación a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, como administración competente en la materia. 

"Graves irregularidades"

Los socialistas subrayan que dichos terrenos forman parte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública desde su deslinde en 1974 y que, por su naturaleza jurídica, no pueden ser vendidos ni expoliados por las administraciones públicas. Además, recuerdan que la Junta de Andalucía incluyó de forma definitiva estos montes en el Catálogo Autonómico de Montes Públicos mediante la Orden de 23 de febrero de 2012, figurando como Montes del Pueblo y Sierra Cabrera, ambos de propiedad municipal.

El PSOE sostiene que el expediente promovido por el Ayuntamiento se apoya en “graves irregularidades y falsedades documentales” y responde, a su juicio, a intereses especulativos vinculados a un supuesto negocio inmobiliario multimillonario en la zona que ocupaba la central térmica. En este sentido, la formación socialista rechaza que la descatalogación de los montes sea necesaria para generar empleo o atraer nuevas industrias, recordando que la central ha funcionado durante más de 40 años sin que el Ayuntamiento se haya desprendido de este patrimonio público.