Varapalo a Vélez-Rubio: multa e indemnización de más de 841.000 € por vertidos de aguas residuales

Varapalo económico para el municipio de Vélez-Rubio. El Consejo de Ministros ha impuesto al Ayuntamiento una sanción de 500.000,01 euros y la obligación de indemnizar con otros 341.799,96 euros los daños causados al dominio público hidráulico por los vertidos de aguas residuales sin depurar que se producen en este municipio desde hace más de una década.

El acuerdo, adoptado el pasado 16 de septiembre a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, califica los hechos como infracción muy grave de la Ley de Aguas. Se basa en veintidós actas de inspección y análisis de muestras recogidas entre 2017 y 2024 por la Confederación Hidrográfica del Segura, que acreditan vertidos continuados sin autorización.

Según los informes técnicos, la situación ha provocado un deterioro grave en la calidad del agua en la rambla de Chirivel, afluente del río Vélez, con filtraciones a acuíferos, proliferación de algas, pérdida de oxígeno y afección a los usos agrícolas y ganaderos de la zona.

La sanción se produce después de que en julio de 2024 el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería absolviera al alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez Carlón Manchón, y al concejal de Medio Ambiente, acusados de un delito contra el medio ambiente por estos mismos hechos.

La magistrada reconoció la existencia de vertidos y de daños en el ecosistema, pero concluyó que la única forma de evitarlos habría sido construir una nueva depuradora, lo que no dependía de los acusados.

La noticia llega justo el mismo día que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha sacado a concurso las obras para la construcción de tres nuevas depuradoras de aguas residuales (EDAR) en la comarca de Los Vélez, en Almería, por un importe total de más de 10,6 millones de euros. Estas nuevas infraestructuras permitirán el tratamiento de aguas residuales en la zona, especialmente en el municipio de Vélez-Rubio donde desde hace 13 años se vierten las aguas sin tratar a la rambla Chirivel debido a la falta de un sistema, lo que ha ocasionado ya graves daños al ecosistema. Una de ellas irá en Vélez-Rubio.

"Si no tenemos depuradora, no podemos depurar"

El regidor ha explicado a EFE que el municipio carece de estación depuradora desde la riada de 2012, que arrasó la instalación ubicada en el paraje de El Espadín.

"Si no tenemos depuradora, no podemos depurar. Es una vergüenza que esta situación se prolongue tantos años", sostiene, recordando que la construcción de la nueva infraestructura fue declarada de interés autonómico por la Junta de Andalucía en 2010, junto con otras 200 estaciones en distintos municipios.

Martínez subraya que el Ayuntamiento considera la sanción un trámite administrativo derivado de la reactivación de expedientes que permanecían en suspenso mientras se sustanciaba la causa penal. El consistorio presentará recurso de reposición y, si es desestimado, acudirá a la vía contencioso-administrativa. "Nos absolvieron penalmente porque era evidente que sin depuradora no podíamos evitar los vertidos", recuerda.

Por su parte, Izquierda Unida ha denunciado en una nota que "la dejadez institucional" se traduce ahora en un coste que recaerá sobre los vecinos de Vélez-Rubio, que llevan años pagando en sus recibos el canon autonómico para financiar infraestructuras hidráulicas. La coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate, ha reclamado medidas provisionales para frenar la contaminación hasta que se ejecute la nueva planta.

Las estaciones de depuración de Vélez-Rubio, Vélez-Blanco y María cuentan desde el pasado 2 de septiembre con autorización de gasto por parte del Consejo de Gobierno andaluz, que ha aprobado 10,6 millones de euros para su construcción.

En el caso de Vélez-Rubio, la obra tiene un presupuesto de 5,5 millones y un plazo previsto de ejecución de 21 meses, por lo que la depuradora podría estar operativa a principios de 2028 en el mejor de los escenarios.

Mientras tanto, los vertidos continuarán en la rambla de Chirivel y el río Vélez, una situación que la directiva europea sobre aguas residuales urbanas, aprobada en 1991, obligaba a haber corregido en toda la UE antes de 2015.