El Ayuntamiento de Vera ha recibido 14 alertas desde que puso a disposición de la ciudadanía, el pasado mes de febrero, la aplicación AlertaOkupa, con un total de 21 viviendas ocupadas notificadas, según ha informado el consistorio veratense en una extensa nota de prensa.

El ayuntamiento, según informa su alcalde, Jorge Blanco, ha identificado 15 viviendas ocupadas en el Edificio Pawuy, de la Calle Ingeniero José Moreno Jorge, y otras 12 en el Edificio Bariamare, de la Calle Clavel. Estas actuaciones han rendido su efecto y han dado lugar a un” drástico descenso en la ocupación que ha retrocedido en un número de casos del 80%”, de acuerdo con la valoración del primer edil.

Según ha avanzado, José Carmelo Jorge Blanco, este tipo de actuaciones contra la okupación ilegal de viviendas “se harán extensivas a otras zonas del municipio, ya que nos hemos propuesto acabar con la okupación, una problemática que genera una mala imagen de nuestra ciudad que no estamos dispuestos a permitir”. Y lo argumenta: “Tenemos que proteger la propiedad privada frente a los que creen que hay que destruirla o que hay que ocuparla sin proteger a los propietarios o los vecinos que tienen que soportar este tipo de actuaciones junto a sus viviendas”.

El Ayuntamiento de Vera lanzó en Febrero la aplicación Alerta Okupa. Esta APP ha sido desarrollada por el consistorio veratense, para hacer frente la okupación ilegal, promover la colaboración ciudadana con la administración local, minimizando el impacto de lo que son los primeros inconvenientes, y aportando un contenido de gran valor para los expedientes de okupación ilegal de viviendas.

Esta herramienta está concebida como un gestor de expedientes de okupación de viviendas y, además, pretende ser una acción que estimula la acción colaborativa de la ciudadanía a través de del envío de alertas a la administración local.

El actual municipal de gobierno ha realizado otras gestiones con el mismo destino. Así, hemos mantenido reuniones con los distintos agentes implicados para estudiar actuaciones conjuntas y varios encuentros con el Subdelegado del Gobierno en Almería; entidades bancarias para reclamarles que ejerzan su derecho y su obligación de requerir judicialmente el desalojo de viviendas de su propiedad; hemos favorecido y apoyado las diversas iniciativas de colaboración vecinal que están surgiendo en el municipio y hemos presionando al Gobierno de la Nación con mociones en el Pleno Municipal y hablando con nuestros parlamentarios autonómicos por una ley que ampare a los propietarios de viviendas ocupadas”.

Esta problemática se han convertido en un problema de orden público, generando una creciente alarma social por el incremento de estas prácticas ilegales.