La retórica antitrans ha ganado terreno en España en paralelo a las negociaciones políticas para la aprobación de la Ley trans en el Congreso, según advirtió este lunes el informe anual de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés).

La entidad, que analizó la situación de los derechos del colectivo LGTBI en el mundo durante 2022, constata un auge de los discursos antitrans en España desde que los partidos políticos retomaran "tras años de retrasos y obstáculos", según el informe, el diálogo para la Ley trans, que quedó aprobada por las Cortes la semana pasada.

La nueva norma reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el Registro Civil a partir de los 16 años, sin la necesidad de someterse a evaluaciones psicológicas y médicas, ni a ningún proceso de hormonación obligatoria.

El informe de ILGA, cuya sede europea está en Bruselas, apunta que la ley no reconoce a las personas no binarias, es decir, que no se identifican con el género masculino ni con el femenino, y que no contarán con una tercera casilla en los documentos oficiales.

Además, la entidad también constata que las discrepancias dentro del movimiento feminista por la autodeterminación de género, consagrada en la ley trans, provocaron que, por primera vez, hubiera dos manifestaciones separadas en unas 20 ciudades españolas durante la jornada del 8-M, el Día de la Mujer Trabajadora.

Más violencia contra las personas LGTBI

El informe anual señala como un "problema serio" el auge de delitos de odio contra las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales, y destaca que en 2021, el último año con datos disponibles del Ministerio del Interior, uno de cada cuatro delitos de odio denunciados en España se cometieron contra el colectivo LGTBI.

Entonces, el país alcanzó una cifra récord de 466 delitos registrados por motivo de orientación sexual o identidad de género, lo que supone, según la asociación ILGA, un aumento del 68% respecto a los datos del anterior año 2020, cuando hubo 277 delitos de odio de esta misma categoría.

El informe anual cita varias agresiones cometidas a lo largo del pasado 2022 contra personas LGTBI en Madrid y Barcelona, y menciona como otro ejemplo de violencia la aparición de grafitis anti-LGTBI, a través de la vandalización de bancos con la bandera arcoíris pintada, representativa del colectivo, en algunos pueblos pequeños.

Denuncian pasos atrás en Sanidad

La asociación ILGA también denuncia que en 2022 siguieron practicándose las llamadas "terapias de conversión" para personas LGTBI en España, y destaca, en su informe, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió no presentar cargos contra el obispado de Alcalá de Henares por impartir cursos para "curar" la homosexualidad.

La entidad recuerda que la nueva legislación prohíbe este tipo de terapias, destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual de una persona.

En el terreno sanitario, la asociación ILGA también lamenta el cierre en 2022 de distintas clínicas especializadas en enfermedades de transmisión sexual (ETS) decretado por distintas comunidades autónomas que trasladaron estos servicios a la atención médica general.

El informe anual de 2022 también se hace eco de un estudio de la entidad española KifKif por los derechos de los refugiados LGTBI, que señala la existencia de una "discriminación sistémica" contra los migrantes indocumentados y los solicitantes de asilo LGTBI a la hora de acceder a tratamientos retrovirales.