Como el agua para el campo

Además de fuente de vida y estímulo para el arraigo poblacional, nuestro campo es estratégico en términos económicos, no en vano el sector agroalimentario de la provincia de Sevilla aglutina en torno a un 25 % del total andaluz.

Tras un año récord en exportaciones agroalimentarias con Sevilla como segunda provincia en ventas con 3.498 millones de euros y una subida del 24 %, en el primer trimestre de este año 2023 siguen al alza las exportaciones de alimentos y bebidas, manteniendo Sevilla esa segunda posición, con 790,77 millones de euros y un crecimiento del 12,7 %. En este contexto, continuamos liderando las ventas fuera de España de uno de nuestros productos emblemáticos, como es el aceite de oliva, por valor de 340,83 millones de euros entre enero y marzo, lo que representa un incremento respecto a los mismos meses de 2022 del 24,3 %.

No hay duda, no sólo de su valor en parámetros de desarrollo económico, sino que tampoco la hay en lo imprescindible que el sector agrícola y ganadero resulta para nuestras vidas, para nuestra subsistencia. Un sector que nos demostró máxima responsabilidad y generosidad en los peores momentos de la pandemia, y que constantemente se enfrenta a retos y dificultades, como lo es, ahora, la falta de lluvia.

Una sequía que está provocando una situación muy compleja en toda Andalucía, y que afecta a todos los cultivos, con la consecuente escalada de precios de lo que se consigue sacar al mercado. Aun así, ahí están los datos de ventas al exterior, impulsados por la tenacidad de los hombres y mujeres del campo y por la imagen de calidad de nuestros productos en el ámbito internacional.

Con todo, resulta desolador recorrer los caminos de nuestra tierra y ver baldío o amarillo lo que debería estar brotado y verde.

Complicadísimo está siendo, por ejemplo, en nuestra provincia, en producciones clave para nuestra economía, como lo es el olivar, el arroz o el tomate. Una situación que es trasladable a la ganadería extensiva, donde ya hay pérdida de pastos, lo que supone una seria amenaza para las explotaciones y su subsistencia.

Desde la Diputación y desde la Mesa Provincial del Agua estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, y hemos agilizado el procedimiento de una actuación dotada con una inversión de 12 millones de euros. La prioridad es el abastecimiento y la calidad de las aguas para el consumo humano. Que los vecinos y vecinas de la provincia tengan un abastecimiento regular y de calidad en todo el territorio. Y, por supuesto, lo siguiente es que se pueda producir el abastecimiento para usos agrarios e industriales.

En esta línea, creo preceptivo insistir en la necesidad de la implicación de todos los sistemas supramunicipales de agua, así como en la colaboración y compromiso del resto de las administraciones en las actuaciones frente a esta terrible sequía. Y como no podría ser de otra forma, reclamar un reparto equitativo y social del agua a la hora acometer estas actuaciones.

Distribución justa de un agua necesaria para devolver el verde al campo, un color que se ha convertido en el símbolo del futuro para las personas y para el planeta. Eso es lo que persigue, precisamente, el Pacto Verde Europeo, la estrategia de crecimiento sostenible e integrador de la UE, que tiene como objetivo impulsar la economía, mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y cuidar de la naturaleza. Fines inapelables para la Humanidad, qué duda cabe, y que llevan al sistema agrícola sostenible al centro de la cuestión. Y en este punto, hay que reclamar cautela y diálogo.

Eso es al menos lo aconsejable a la vista los últimos acontecimientos en torno a la ley de la Restauración de la Naturaleza. La votación por parte de la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo de esta ley, considerada como uno de los pilares del Pacto Verde Europeo, acaba de ser aplazada -en la fecha de redacción de estas líneas- por el alto número de enmiendas presentadas. Y todo ello después de haber sido rechazada de pleno, tanto por la Comisión de Agricultura como por la de Pesca.

Las organizaciones agrarias europeas han mostrado su desconfianza sobre esta normativa, aduciendo que los estudios presentados sobre su impacto sólo consideran el beneficio de restaurar los ecosistemas, pero no el efecto que tendría sobre el sector primario. De hecho, alertan de que la activación de esta ley conduciría a la pérdida de tierras de cultivo, al no permitirse la actividad agrícola como hasta ahora.

La cuestión no es ni mucho menos baladí, porque a la vista de todos y todas está que un Pacto Verde por la sostenibilidad del planeta es inaplazable.

Es evidente que la reflexión y el debate de las partes implicadas se hacen necesarios. Por el futuro de la Humanidad y la pervivencia del agro. El entendimiento aquí es imprescindible, como el agua para el campo.