Donde dije digo, digo Diego. Este refrán se cumple desafortunadamente bastante en la tónica política sea del ‘color’ que sea, sin embargo, el cambio de postura cuando uno está en el poder y pasa a la oposición o viceversa no es indiferente, sino que acaba afectando colectivos dependiendo del tema que se trate.

En esta ocasión, este lunes, este refrán se ponía de manifiesto en la Comisión de Pesca del Parlamento de Andalucía. El Grupo Parlamentario Popular Andaluz presentó una proposición no de ley (PNL) relativa al apoyo a la flota pesquera andaluza de arrastre del Mediterráneo. Ésta salió adelante con los votos favorables del PP, Ciudadanos y Vox, mientras PSOE se abstuvo y Podemos votó en contra. Al sector pesquero almeriense le choca la postura de los socialistas que cuando estaban al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía y mientras se trataba el plan de gestión de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental a nivel europeo, defendían la postura del sector, “esta propuesta no de ley fue consensuada con el sector pesquero andaluz y viene a reivindicar lo que pedimos desde el minuto uno”, defienden los pescadores.

Según la PNL, que finalmente salió adelante, el Parlamento andaluz se muestra favorable a que el Gobierno de la nación modifique la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España 423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo, de forma que atienda las peticiones del sector pesquero andaluz del arrastre del Mediterráneo, con el objetivo de que esta normativa se adapte a la realidad de este sector, y sea posible conjugar la conservación que persigue la Unión Europea y la rentabilidad de la actividad, teniendo el ministerio la sensibilidad necesaria para favorecer la reactivación económica y el mantenimiento de la actividad y el empleo.

El Parlamento andaluz, favorable a modificar la Orden nacional

Esta proposición viene precedida de varios hechos que han motivado a que el Grupo Popular Andaluz la presente. En junio de 2019, la UE daba rienda al plan de arrastre europeo. A continuación, de acuerdo a la PNL, el actual Gobierno andaluz y las organizaciones pesqueras andaluzas representativas del sector andaluz de arrastre trasladaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sus objeciones al citado Reglamento por cuanto describe un entorno pesquero que no se corresponde a la situación actual, como así se constata en recientes informes de la FAO, y no reconoce los esfuerzos realizados por el sector en los últimos años para ajustar su capacidad de pesca a los recursos disponibles. Para la aplicación del Reglamento (UE) 2019/1022 en España, y tras diversas reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y organizaciones pesqueras del Mediterráneo, la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaboró un proyecto de Orden ministerial por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el Mediterráneo, que finalmente fue publicado en mayo en el Boletín Oficial del Estado, entrando así en vigor. Representantes del sector pesquero afectado por dicha Orden han manifestado que “de un reglamento malo, una orden mala. No se han respetado las líneas rojas marcadas por el sector”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible abordó este Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a finales del pasado mes de mayo en un encuentro con representantes del sector afectado.

En esta reunión, se puso de manifiesto por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que la citada Orden no contempla ninguna de la propuestas y medidas, basadas en cuestiones científicas, del sector andaluz, resaltándose por parte de su titular que se trata de una orden que perjudica a nuestros pescadores, por lo que hemos pedido sensibilidad al ministerio para que favorezca en estos momentos la reactivación económica y modifique esta instrucción con el objetivo de que se adapte a la realidad del sector, que sea capaz de conjugar la conservación que persigue la UE y la rentabilidad de la actividad. Todo ello justificado, entre otras cuestiones, porque Andalucía ya ha realizado un gran esfuerzo paralizando definitivamente más de la mitad de la flota de arrastre, mayor al de otras comunidades autónomas que solo han realizado paradas temporales.