Más de 5.250 menores llegan fuera de plazo a las aulas de Almería

Las matrículas sobrevenidas, o que se realizan fuera del plazo ordinario que marca la administración de la Junta de Andalucía, se han convertido en uno de los principales desafíos para la planificación educativa en la provincia de Almería. Cada curso escolar, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo debe dar respuesta a la escolarización de miles de menores que llegan cuando ya el curso escolar está iniciado, en su mayoría como consecuencia de traslados de sus familiares por motivos laborales.

Este curso la situación no ha cambiado y sigue la tendencia de los últimos. Según los datos que ha avanzado a Diario de la Almería la propia administración andaluza, sólo durante los tres primeros meses del curso 2025-2026, la Delegación ha tramitado un total de 5.255 matrículas sobrevenidas (más conocidas en el departamento de escolarización como Anexo IV), lo que ha obligado a los gestores a buscar plazas educativas para estos niños y niñas en distintos centros públicos de la provincia. Se trata de un volumen significativo que pone a prueba la capacidad de adaptación del sistema, especialmente en determinadas zonas con mayor movilidad de población.

Desde la propia Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía señalan que esta situación no es excepcional, ya que en cursos anteriores el número de matrículas sobrevenidas ha llegado incluso a superar las 7.750, como ocurrió en el año 2023 (en 2024 se tramitaron 6.949 matrículas a lo largo de todo el curso escolar fuera de plazo y en 2025 un total de 7.363 desde septiembre hasta junio). Los datos evidencian la constante presión que soporta la administración educativa para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, independientemente del momento en el que se incorpore al sistema.

Y es que la llegada continuada de alumnado fuera del periodo ordinario obliga a reorganizar los recursos, ajustar ratios y, en algunos casos, incluso habilitar nuevas unidades o redistribuir al alumnado entre los centros cercanos. Es un proceso complejo que se repite cada año y que refleja la estrecha relación entre la movilidad laboral de las familias y la planificación educativa.

Menos alumnos por aula, otra dificultad añadida en zonas tensionadas

La entrada en vigor del reto de bajar las ratios (de 25 a 22 alumnos por clase) que se ha marcado el gobierno andaluz para el próximo curso escolar con el objetivo de garantizar una enseñanza de mayor calidad, dificultará aún más si cabe la situación respecto a las matriculaciones sobrevenidas. Y es que la mayor parte de estas gestiones en Almería se llevan a cabo en zonas ya de por sí tensionadas por el alto número de alumnado. Son menores que llegan con sus familias trasladados de otras zonas, y principalmente para trabajar en el sector de la agricultura.

Como explicó a Diario de Almería el delegado del ramo, Francisco Alonso, “Almería acoge a muchísima gente a lo largo del año atraída por la temporalidad de los trabajos del campo. Y no se trata solo de darle a los menores un lugar donde vayan cada día porque tienen derecho a la Educación, que además es obligatoria, sino también muchas veces transporte escolar, comedor, aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL) que desarrollan un programa de enseñanza del español dirigido al alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua española y se imparte en horario escolar por profesorado específico), aulas TEA (Espacios educativos especializados para niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista) y recursos para aquel alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje (engloba discapacidad o trastornos graves, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, intuición de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades intelectuales o incorporación tardía al sistema educativo...).

Se trata de una situación realmente compleja, teniendo en cuenta también el importante déficit de infraestructura que sufre Almería, como ha reconocido la propia administración y llevan años denunciando los sindicatos.