Instituciones Penitenciarias
La prisión de Almería abre sus puertas a la diversidad con la obra "Maricomio"
La Audiencia de Almería imponía el pasado jueves penas de hasta seis años de prisión a 13 de los 19 detenidos por la Guardia Civil por favorecer la inmigración irregular mediante rutas rápidas en pateras taxis desde el norte de África hasta la costa almeriense. La condena del cabecilla de la red criminal, conocido como Chillón, es la más contudente con seis años de cárcel. La organización fue desmantelada en febrero del pasado año en la operación Flixita de la Guardia Civil, uno de los golpes más importantes hasta la fecha en la provincia. Este grupo cobraba hasta 5.000 euros por trayecto a cada viajero y empleaban narcolanchas en las que viajaban entre 10 y 15 personas. Los detenidos sacaban un doble rédito del tráfico de seres humanos porque aprovechaban el camino de vuelta para transportar objetos sustraídos en España, principalmente teléfonos móviles, además de traficar con estupefacientes que escasean en Argelia como cocaína o anfetaminas.
En los registros en domicilios y fincas agrícolas del campo de Níjar fueron incautadas 17 embarcaciones, dos vehículos y 48.000 euros en metálico y 16 de los arrestados ingresaron en prisión provisional por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública, contra el patrimonio y pertenencia a grupo criminal. Los condenados habían protagonizado varios naufragios como el que propició la muerte de dos inmigrantes en Cabo de Gata a finales de 2022. Los juzgados de Instrucción número 1 y 6 de Almería también dictaban esta semana órdenes de prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres pateristas, al frente de dos embarcaciones distintas, en las que perdieron la vida cuatro personas en las inmediaciones de Mesa Roldán en Garrucha y Punta Polacra.
En junio de este año la Guardia Civil detenía al patrón de otra patera en la que viajaban un grupo de inmigrantes, tras ser detectada la embarcación por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a ocho millas al sureste de la costa de Níjar. La intervención de las patrullas de Seguridad Ciudadana de Cabo de Gata se realizaba tras el desembarco en la Isleta del Moro con el arresto del supuesto paterista y la aprehensión de la semirrígida. A finales de febrero detenían a otros dos patrones en la costa nijareña tras una espectacular persecución del helicóptero y Servicio Marítimo de la Guardia Civil de una patera taxi procedente de Argelia que se dirigía hacia la cala Barronal. Los responsables del transporte emprendieron la huida a pie, pero fueron interceptados y puestos a disposición judicial. La Policía Nacional arrestaba a finales del pasado año a nueve varones de origen argelino como organizadores y pilotos de tres embarcaciones neumáticas que habían sido interceptadas por Salvamento Marítimo y Guardia Civil.
Las investigaciones de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) permitía constatar y desarticular una red criminal que venía operando desde hacía tiempo en el sureste peninsular. Se encargaban de organizar los trayectos y preparar el traslado de las embarcaciones, así como de la captación de inmigrantes en Argelia a través de las redes sociales. Eran extremadamente violentos y llegaron a amenazar con machetes a los viajeros al llegar a tierra. El goteo de las actuaciones policiales es permanente, en consonancia con el flujo continuado de embarcaciones, algunas de última generación con tres y cuatro motores fueraborda de 300 caballos de potencia que vuelan a 60 nudos y resultan imposibles de interceptar.
En aguas de Almería, el punto más caliente de la península en la crisis migratoria en los últimos años, se está librando una batalla desigual para frenar el narcotráfico y el tránsito ilegal de personas. El mar de Alborán y la costa almeriense se ha convertido en un escenario estratégico en el que se enfrentan cada día las mafias del crimen organizado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Redes internacionales con estructuras consolidadas en los países de origen y destino y con presupuesto ilimitado para fletar planeadoras de última generación. Pero los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional mantienen un estrecho control y seguimiento de todos sus movimientos y, a veces, pese a la supremacía náutica de los grupos que se lucran del triple negocio del transporte de inmigrantes, tráfico de drogas y logística (petaqueo), suena la flauta y acaban sentando en el banquillo de los acusados a los que sacan rédito económico de la desesperación de las personas que sueñan con una vida mejor al otro lado del Estrecho.
Las mafias marroquíes que alternan el tráfico de drogas y personas han profesionalizado la actividad y disparado los riesgos al incorporar medios de última generación y pilotos expertos y temerarios que se embolsan hasta 50.000 euros por trayecto. La presencia de encapuchados en las narcolanchas es la evidencia más clara de la incorporación de españoles al catálogo de roles de la delincuencia marítima. En los traslados de inmigrantes graban con el móvil la llegada, con desembarcos violentos y bruscos que ya han propiciado varias muertes por ahogamiento y traumatismos y envían los vídeos a los cabecillas para certificar que han entregado el "paquete" en Almería.
Entre los años 2020 y 2022 la estadística de detenidos e investigados por favorecer el tráfico ilegal e inmigración clandestina ha estado por encima del centenar (121 en 2020, 114 en 2021 y 108 en 2022), lo que evidencia que lo que la pandemia no rebajó la presión migratoria ni minimizó el control policial sobre las organizaciones criminales. Las cifras anteriores también ponen de manifiesto el notable incremento de procesados en el periodo posterior a la crisis de la burbuja inmobiliaria: de los 7 y 13 detenidos de 2013 y 2014 se pasa a 114 y 108 en 2021 y 2022. Pese a la ofensiva contra los pateristas, el número de arrestos bajó inexplicablemente el pasado año en Almería, tal y como recoge el informe facilitado a este periódico por el Ministerio del Interior. Fueron 87, el registro más bajo desde antes del coronavirus.
Entre 2012 y 2023 han sido 709 los detenidos e investigados en Almería, tanto nacionales como extranjeros, por su implicación en el transporte marítimo de inmigrantes, acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de los que la mayoría (514) se concentran en el último lustro. No siempre es fácil demostrar la identidad y participación de los patrones y colaboradores necesarios de las mafias porque el testimonio de los viajeros es una de las principales formas de acreditarlo y están amenazados antes de partir y son conscientes de las represalias que podrían sufrir sus familias en los países de origen.
La provincia registró en 2023 un total de 6.323 entradas irregulares de inmigrantes africanos, un 66% más que el año anterior en el que se contabilizaron 3.806. A lo largo de la última década han sido más de 55.000 los magrebíes que llegaron a la costa almeriense, entre los términos municipales de Adra y Pulpí. Hasta mediados de agosto del ejercicio en curso han sido interceptados en la costa casi 2.500 inmigrantes, un 41% menos de los 4.203 del mismo periodo el ejercicio anterior: 1.304 argelinos y 1.049 marroquíes. Los agentes que trabajan sobre el terreno en vigilancia marítima han comprobado un cambio de los flujos migratorios recuperando la fuerza que tenía antaño la ruta de Argelia en detrimento de los viajes en narcolanchas organizados por la mafias marroquíes. De los 2.470 inmigrantes interceptados en lo que va de año, 1.304 son argelinos y 1.049 marroquíes, una tendencia totalmente opuesta a la del curso anterior en el que identificaron en el mismo periodo hasta mediados de agosto a 2.850 procedentes de Marruecos y 1.157 de la República Argelina.
Cuando se produce la muerte de algún pasajero en el trayecto, como ha ocurrido en accidentes y naufragios recientes, los pateristas se suelen enfrentar a un delito de homicidio imprudente. Los atestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se incluyen en las diligencias suelen dejar constancia de la falta de elementos de seguridad de este tipo de embarcaciones, algunas en mal estado y no aptas para navegar en alta mar, que realizan la travesía al carecer de sistemas de seguridad como chalecos salvavidas, medios de navegación y sistemas de comunicación, así como por la la sobrecarga de la patera o el riesgo de llevar el combustible en el interior, entre otras negligencias que ponen en peligro la integridad física de los tripulantes.
Almería sigue siendo desde hace años el punto de la península que recibe más inmigración irregular por vía marítima, multiplicando por tres, cinco y hasta diez la cifra de interceptaciones de pateras de otras provincias costeras como las de Cádiz, Málaga o Alicante. El registro policial facilitado a este periódico por el Ministerio del Interior notifica el siguiente censo: 682 en 2013, 1.176 en 2014, 1.487 en 2015, 2.156 en 2016, 5.576 en 2017, 12.327 en 2018, 6.489 en 2019, 5.421 en 2020, 6.519 en 2021, 3.806 en 2022 y 6.323 en el pasado ejercicio, a los que habría que sumar otros casi 2.500 en los ocho primeros meses de este año. La estadística migratoria tiene su punto álgido en 2018 al ser la única vez que se han superado los diez mil en Almería (65.383 en España) y en 2013 presenta su dato más bajo desde principios de siglo con 682 por el fuerte impacto de la crisis económica.
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