Absuelven al SAT de injurias tras sus protestas contra una finca en Níjar para exigir mejoras

Una juez ha absuelto al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y a su portavoz en Almería, José García Cuevas, de los delitos de injurias y calumnias de los que eran acusados por los representantes de una empresa agrícola de Níjar (Almería) contra la que se manifestaron para exigir mejoras salariales y la acomodación a derecho de los contratos que la entidad tenía suscritos con los trabajadores de campo.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería, contra la que cabe recurso de apelación, rechaza que como consecuencia de las movilizaciones de los trabajadores y su "repercusión mediática" la empresa sufriera un perjuicio económico.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, apunta al resultado de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al año de las movilizaciones para determinar esas supuestas pérdidas que, de otro lado, el querellante achacó a "la bajada de precios a la que se vieron obligados" mientras que una testigo aseguró que se debía "a la pérdida de clientes", produciéndose contradicciones entre ambas versiones, según observa la juez.

También señala la magistrada que no se ha podido demostrar que los acusados fueran los creadores de unos pasquines en los que se mostraba la fotografía de uno de los socios de la empresa en los que se hacía constar al pie que "era un delincuente peligroso por explotación de los trabajadores, intimidación y fraude a la Seguridad Social".

"Ninguna prueba se ha practicado a fin de acreditar la elaboración, impresión y divulgación por parte de los acusados", determina la sentencia en relación a la autoría de los carteles.

El SAT llevó a cabo una movilización en agosto de 2019 a raíz del "malestar" que se había generado entre los empleados de la referida explotación hortofrutícola, lo que dio lugar incluso a un llamamiento a la huelga para reivindicar mejores salarios y contratos ajustados a derecho.

En este sentido, se dio por probado que la visita cursada en la finca el 11 de septiembre de 2019 por el Servicio Provincial de Inspección de Trabajo y Seguridad llegó a "corroborar las denuncias formuladas por los trabajadores", lo que derivó, a su vez, en la apertura de dos procedimientos sancionadores: uno por obstrucción de la labor inspectora y otro en material laboral.

En concreto, la inspección investigó la sustitución de trabajadores huelguistas por trabajadores no vinculados a la empresa; así como el abono de salarios inferiores al mínimo legal y contratos realizados en fraude de ley; "procedimientos que concluyeron con la adopción de medidas sancionadoras contra la empresa".

La juez tuvo en cuenta así las manifestaciones del propio inspector durante la vista oral para atestiguar que las protestas había nacido de la "vulneración de los derechos de los trabajadores" en la finca explotada por una mercantil ligada a la empresa que se querelló con el sindicato a través de sus socios, según enlaza la juez a partir de la prueba documental.