El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha pisado el acelerador en la ejecución de las obras de la segunda fase del proyecto de integración del tren a su paso por la ciudad, y también pretende agilizar el proceso de expropiación de las viviendas de la calle Ferrobús de la capital almeriense, afectadas por estos trabajos para el soterramiento de la playa de vías. Adif ha solicitado al Juzgado autorización para la ocupación inmediata del conjunto de casas, en las que aún permanecen residiendo familias en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas, además, con hijos menores a su cargo.

El proceso de expropiación iniciado el último trimestre del pasado año lo tiene que dirimir el al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, ya que las citadas familias arrendatarias solicitaron la suspensión cautelarísima de la ocupación de las viviendas, que fue rechazada. El pasa lo da ahora Adif con la solicitud, vía judicial, de orden de desalojo inmediato.

La citación del Juzgado le ha llegado ya, al menos, al grupo de inquilinos que no abandonaron sus respectivas residencias el pasado mes de marzo cuando Adif les notificó el desalojo voluntario y procedía entonces al tapiado de aquellas casas cuyos propietarios, previamente indemnizados, habían procedido a la mudanza.

El Juzgado tiene ahora que decidir, pudiendo las familias, en el caso de que resolución contraria a sus intereses, recurrir ante la Audiencia Provincial, un procedimiento del que piensan hacer uso, según ha informado el despacho de abogados LexIberia, al objeto de explicar nuevamente su situación y hacer valer sus argumentos.

Recuerdan que no están en contra de las obras del soterramiento y que las mismas pueden continuar sin necesidad de esa orden judicial de desalojo inmediato, así como la situación de vulnerabilidad en la que aseguran que se encuentra con grandes dificultades para encontrar alquileres accesibles en otras zonas de Almería capital al no contar con indemnizaciones ni con la colaboración de ayuda social o acceso a viviendas de protección oficial que han venido pidiendo a las diferentes administraciones implicadas en las obras.