Las manecillas del reloj avanzan a golpe de obras desde que el pasado día 15 de enero tenían que entregar de forma voluntaria las llaves de sus viviendas. Una invitación de Adif, en forma de expropiación forzosa, que las familias arrendatarias de las viviendas de la calle Ferrobús, a derribar a favor de la integración del tren en de la ciudad, no han aceptado a la espera de solucionar la angustiosa cuestión de no saber dónde podrán vivir. En situación de vulnerabilidad, piden, casi a modo de ruego, la intervención social del Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, las otras dos administraciones implicadas en esta segunda fase del soterramiento de las vías del ferrocarril, e incluso dela Diputación Provincial. Nadie les alquila y necesitan una casa en la que estas diez familias, la mayoría con menores, puedan acomodarse.

Es la llamada de auxilio que han realizado los afectados en las voces de Radica Simona madre divorciada y con tres niños a su cargo, con 9,12 y 16 años respectivamente, Mohamed y Fátima, con dos niños de 7 y 12 años, o de Mustafa Charkra y Ilham Ouado, con un niño de dos meses y otro de 3 años.

“Ellos comparten situación con el resto de sus vecinos, se trata de familias trabajadores, que llevan años con un arrendamiento asequible y que consecuencia de la expropiación y la nueva Ley de Vivienda, se encuentran en una situación límite: no han cobrado las indemnizaciones, no pueden acceder a un arrendamiento y ni desde Adif, ni desde el Ayuntamiento, les ofrecen soluciones”, describe Antonio Molina, del despacho de abogados Lexiberia.

Esperan que, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento, Diputación o Junta, se les facilite el acceso a viviendas sociales ante la expropiación forzosa.