El desarrollo urbano y la ansiada mejora de las comunicaciones de la provincia de Almería encierran en su reverso el drama social de diez familias en situación de vulnerabilidad, que se ven obligadas a abandonar las casas de alquiler en las que llevan años residiendo, pues se encuentran jalonando las vías del tren y pronto serán derribadas a favor de la llegada de la Alta Velocidad. No tienen suficientes ingresos económicos ni reúnen la infinidad de requisitos que hoy en día exigen los contratos de arrendamiento de viviendas. “Nos echan de nuestras casas sin tener adónde ir”.

Es la realidad a la que se enfrenta Luciano Brisan, que vive en una de las casas de la calle Ferrobús (incluida en la relación de expropiaciones forzosas de Adif), con su madre, de edad avanzada, y dos perros. “Llevo 22 años en España, 20 viviendo en esta casa, pago mi alquiler y ahora me echan y no encuentro nada. Me quedo tirado con mi madre y los perros”. También es la situación en la que se encuentran ahora una madre divorciada, con tres hijos a su cargo, u otro padre de dos niños, uno de ellos de un bebé de meses.

Adif ha cerrado acuerdos con los propietarios de la calle Ferrobús y el 15 de enero, en su mayoría, hizo entrega de las llaves. Pero también están estas diez familias en riesgo de exclusión social con alquileres de unos 250 euros que pueden asumir a duras penas. Son rumanos, marroquíes y españoles, con contratos legales –“no somos ocupas”, inciden–, y se ven abocados a unos precios superiores a los 650 euros inasumibles y unos requisitos que no todos reúnen.

Adif les ofreció un justiprecio de unos 7.000 euros, aceptado en algunos casos, con un primer depósito que le ha llegado a muy pocos, aunque sí el escrito de invitación a abandonar sus casas de forma voluntaria el pasado 15 de enero. No lo han hecho: “No podemos”.