Las obras del soterramiento de las vías del tren, en su segunda fase, han dado su primer tropiezo a resolver, además, judicialmente. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), no ha conseguido hacerse con la totalidad de las viviendas de la calle Ferrobús, afectadas por el proyecto, en las que residen familias vulnerables con menores quienes han solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería la suspensión cautelarísima de estas expropiaciones, imprescindibles para la llegada de la Alta Velocidad. Adif, a su vez, tendrá que proceder al desalojo vía judicial.

A las nueve de la mañana de este lunes, el personal de Adif se personaba en la calle Ferrobús, que linda con las vías del tren, con el propósito de recoger las ‘llaves’ de las casas que aún están ocupadas. Cerró acuerdos antes de finalizar el pasado año con la mayoría de los propietarios que, indemnizados, hicieron sus respectivas mudanzas en enero, si bien hay casas alquiladas, cuyos arrendatarios no han querido abandonarlas hoy pues no encuentran, aseguran, otros alquileres a los que puedan tener económicamente acceso.

“Estamos en una situación de crisis, muy estresados, no sabemos dónde ir y pedimos soluciones como una vivienda social”, afirmaba Luciano Brisan, uno de los inquilinos afectados que lleva veinte años residiendo en esta calle mediante contrato de alquiler. Hay familias, además, con menores a su cargo, que tampoco han querido atender al desalojo voluntario que tenía de plazo máximo este 4 de marzo, según indicaba Adif en una notificación remitida hace escasos días.

Dicha notificación ha permitido al grupo de inquilinos acudir a la vía judicial de la mano del despacho de abogados Lexiberia, que ha recurrido la orden de expropiación forzosa con la primera petición al Contencioso Administrativo de la suspensión cautelarísima del procedimiento junto a los expedientes de cada uno de los afectados que responden, según su representante legal, a personas en situación de vulnerabilidad.

Son unas diez familias las cuales, tras comunicar su decisión al personal de Adif, que estuvo escoltado por agentes de la Policía, se trasladaron a la Plaza Vieja con intención de poder entrar al Salón Noble del Ayuntamiento de Almería, donde en ese momento la Corporación celebraba el pleno ordinario correspondiente a este mes de marzo.

La veintena de personas no pudo acceder al Consistorio, si bien el portavoz municipal de Podemos, Alejandro Lorenzo, aprovechó el turno de ruegos y preguntas de la oposición hacia el equipo de gobierno para plantear la problemática de este colectivo, instando a los responsables del Ayuntamiento a interceder por ellos ante Adif o, si no, buscar soluciones desde la Administración Local.

De hecho, estas familias se han dirigido con anterioridad al Defensor del Pueblo solicitando ayuda a la Junta de Andalucía, Diputación y también el Consistorio. Oscar Bleda, el concejal de PP responsable de las políticas sociales, recordaba, como ya lo hiciera con anterioridad, que no es competencia municipal si bien el Ayuntamiento, asegura el edil, ha puesto los servicios sociales comunitarios a disposición de las familias arrendatarias. Bleda convidó, además, al portavoz de Podemos a dirigirse también al Administrador de Infraestructuras y “sumar fuerzas”.