La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está realizando una auténtica cruzada contra las irregularidades en el reetiquetado de productos importados de Marruecos que se venden a Europa como si se hubieran producido en Almería y en menos de tres años ha realizado 672 actas e inspecciones en empresas del sector agroalimentario de la provincia que se han saldado con la apertura de 26 expedientes sancionadores. Según un informe al que ha tenido acceso Diario de Almería, en 2019 se realizaron 226 inspecciones sobre el terreno, 267 en 2020 y en lo que va de año ya son 179.

De los 26 expedientes incoados para determinar el grado de infracción, una decena ya han finalizado y los titulares han sido propuestos para sanción. El resto se encuentran en los preceptivos periodos de alegaciones y recursos de los que las empresas disponen, según los plazos legalmente establecidos durante el transcurso de cada una de las fases del procedimiento administrativo. En 2019 fueron 2 las empresas almerienses expedientadas, 11 en 2020 y 13 en el ejercicio en curso. En estos controles de los técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca que se vienen intensificando dentro de un plan de inspección de las importaciones se comprueba en primer lugar la existencia de productos procedentes de países extracomunitarios y, a partir de ahí, se supervisa que el etiquetado cumpla con la trazabilidad del producto y que se indique claramente el origen en albaranes y facturas.

Según ha reconocido la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, durante los años 2017 y 2018 hubo denuncias puntuales por distintos agentes del sector de la presencia de camiones de Marruecos en determinadas empresas, motivo por el cual se hicieron las correspondientes inspecciones y se iniciaron los dos primeros expedientes sancionadores por incumplimientos que se encuentran finalizados y pagados. Ese año se inició un plan específico de control y seguimiento de productos procedentes de países extracomunitarios que son comercializados por empresas de Almería, principalmente Marruecos y Senegal, y se emitieron las correspondientes instrucciones a los controladores para que comprueben en campo y en empresas la presencia de producto en los controles realizados por la Delegación Territorial de Almería.

Como dato de referencia, la Consejería que preside la almeriense Carmen Crespo indica que Marruecos exportó a la Unión Europea 869.810 toneladas de hortalizas (excluido Reino Unido), de los que 63.343 salieron por la provincia de Almería (exceptuando la judía), según los datos de EUROESTACOM e ICEX. Esto quiere decir que más del 95% del volumen exportado de Marruecos no pasa por esta provincia. Sólo el 5% del producto marroquí se queda en Almería, mientras que más de la mitad va a Francia, de ahí que desde la administración andaluza se haya minimizado el impacto de una práctica irregular que se ha denunciado históricamente en un sector estratégico para la economía y el empleo provincial lastrado por la crisis de precios.

El reetiquetado no es otra cosa que cambiar el nombre del país de origen para vender el producto como español cuando en realidad ha sido cultivado en otros países, una práctica ilegal que perjudica seriamente la marca Almería por la calidad el producto, además de la competitividad de los precios. Alberto Chicote recogió el pasado año en televisión esta denuncia de agricultores que llevan años luchando contra el reetiquetado de productos hortofrutícolas de terceros países para darles la denominación de origen España. Según decenas de agricultores, a puerta cerrada, en las naves de las empresas, se arrancan etiquetas de productos procedentes de Marruecos para colocar etiquetas de la huerta de Almería sin ningún control rompiendo de cuajo la trazabilidad del producto. Todo por tener más margen económico.

La respuesta de la Consejería de Agricultura no se hizo esperar y a mediados de noviembre de 2020 eran más de 400 inspecciones que hoy se acercan ya a las 700 (específicos cuando antes se hacían de forma genérica), como una medida fundamental para "proteger a los agricultores ante la competencia desleal de terceros países y proteger la excelencia de los productos andaluces”. La consejera andaluza también reclamó al Gobierno que controle la entrada de productos hortofrutícolas de Marruecos a la UE y que denuncie a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) si detecta que se están superando los contingentes permitido sin aranceles para "defender" al sector español.