Las obras de emergencia que han arrancado esta semana en la carretera del Cañarete con los trabajos previos y mediciones, y que tendrán una inversión de 639.224 euros, no bastan para frenar el malestar de los vecinos de Aguadulce y de buena parte del Poniente almeriense por el cierre habitual por desprendimientos de los nueve kilómetros de la N-340 en las estribaciones sur de Sierra de Gádor, así como por el retraso en la tramitación del proyecto que dotará de un tercer carril la A-7 entre Roquetas y la capital. Es la tercera actuación de urgencia que se acomete en el itinerario por la costa en los últimos diez años y se vuelve a concentrar en un tramo, que ayer visitaron los técnicos y el jefe de obra desplazados desde Madrid, porque no hay sobre la mesa una propuesta integral ni solución definitiva a los continuos desprendimientos de una ladera que se resquebraja generando un grave riesgo de seguridad para los más de 15.000 conductores que la utilizan cada día.

Pendientes del comienzo de la nueva actuación que se prolonga hasta mayo, pero convencidos de que son necesarias más medidas que mejoren la movilidad en un área metropolitana que supera los 300.000 habitantes si se suman los de la capital, la asociación vecinal de Las Colinas y la plataforma de carácter político Aguadulce en Marcha anunciaron ayer que van a movilizarse, siendo inicialmente dos las convocatorias que podrían fundir en una sola a mediados de este mes. Todo apunta al domingo 16 de febrero para el desarrollo de una protesta de los vecinos de la barriada roquetera ante la “falta de soluciones en movilidad” que tiene este núcleo y parte del litoral del Poniente desde que se cerró al tráfico la carretera del Cañarete en la madrugada del 31 de diciembre por el desprendimiento a la latura del hotel Playa Sol y por el colapso de la Autovía del Mediterráneo en su punto más negro de la provincia con más de 50.000 vehículos cada día, a los que se suman los que no pueden hacer el trayecto costero.

Desde la asociación vecinal de Las Colinas plantearon ayer que iban a solicitar autorización a la Subdelegación del Gobierno con la intención de manifestarse en la mañana de 15 de marzo desde la explanada de Los Acantilados-El Cañarete para recorrer la avenida Carlos III hasta el parque Andrés Segovia en el que iban a leer un manifiesto reivindicativo. Pero ayer conocían que la formación Aguadulce en Marcha cuenta ya con el permiso para realizar una movilización el próximo domingo 16 de febrero para exigir a todas las administraciones públicas que se pongan manos a la obra para dar una solución al problema de circulación de esta localidad. En su comunicado, esta plataforma asegura que “el protagonismo es tan sólo vecinos pidiendo en masa a sus administradores soluciones urgentes” a una situación que se hace cada día más insostenible y está provocada por 18 años de irresponsabilidad política y una falta de previsión documentada al desarrollo urbanístico planificado con el consiguiente incremento de población.

Los vecinos se echarán a la calle bajo el lema ¡Soluciones en movilidad ya! para reclamar la restitución del Cañarete, el tercer carril de la A-7 y la articulación de un transporte público efectivo, así como el estudio de un cercanías. Los vecinos de Aguadulce reiteran que el área metropolitana entre la capital y el Poniente existe y debe dotarse de comunicaciones que sean acordes con el volumen de población y densidad del tráfico. Aguadulce en Marcha asegura que desplazarse por la autovía en el Poniente, salir de Aguadulce para ir a la capital o enlazar con otras comarcas como el Levante o norte de la provincia es cada día más complicado por las kilométricas caravanas que se forman hoy en el único acceso habilitado, la A-7 que entre el Parador y Bayyana es el punto más negro de la red viaria provincial. El Gobierno adjudicó la redacción del proyecto para el tercer hilo en septiembre de 2018 por importe de 473.359 euros y aún sigue en curso, actualmente en fase de evaluación ambiental. Es fundamental que se concluya y se pueda licitar una actuación que tendrá un coste estimado de 31,5 millones de euros entre los enlaces 429 y 438 de la Autovía del Mediterráneo.