Habla una víctima de la ‘inquiokupación’ en Almería: “Pagó cuatro meses y ya lleva dos años en mi casa”

Juan José Latorre no puede entrar a su vivienda. Está 'inquiokupada'. El propietario asegura que la persona que entró en la casa con contrato de alquiler ya lleva dos años sin hacer frente a las responsabilidades de pago que asumió en su momento. El propietario se encuentra en una situación desesperada mientras su inquilino, como manifiesta Latorre, "se niega a abandonar su casa".

El inquiokupa, según aporta el propietario, ha solicitado declararse en situación de vulnerabilidad económica, lo cual, de hacerse efectivo, alargaría mucho más el proceso, pero, tal y como comenta el propietario de la vivienda, junto a la casa "el okupa posee tres coches y una moto de alta gama, además de una caravana".

El okupa entró en la vivienda a inicios de 2013. "El contrato de alquiler terminó en mayo de 2021 y desde entonces no hemos recibido ningún pago", explica Juan José Latorre. "Iniciamos la demanda de desahucio, obteniendo sentencia favorable, pero desde hace seis meses estamos esperando un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Almería que determine si el okupa se encuentra realmente en situación de vulnerabilidad".

El retraso de los servicios sociales, un lastre

Tal y como Latorre explica, Servicios Sociales debería haber emitido su informe a los 15 días de producirse el traslado de este. Más de 180 días después, esto no se ha producido. Así que se podría dar el caso de que el Juzgado de Instancia Número 5 de Almería se pronunciara incluso sin el informe, por lo que tendría que alegar la no vulnerabilidad al no poseerla.

"Por otros casos que conozco a través de la plataforma, he observado que los servicios sociales verifican solo los ingresos y poco más, argumentando estar saturados y no poder abarcar más. Mientras tanto, los propietarios asumimos todos los gastos", explica el propietario.

Durante los últimos dos años, el propietario explica que ha sufrido pérdidas económicas de hasta 22.000 euros. Desde octubre de 2022, existe una sentencia de desahucio, la cual aún no se ha ejecutado. Mientras tanto, Juan José se ve obligado a vivir de alquiler, pagando una mensualidad de 650 euros.

Modificaciones ilegales

Además de 'okupar' la vivienda, Latorre explica que "el inquilino realiza modificaciones ilegales, como separar el patio". Además, Latorre señala que el ocupante no tiene contratos de suministros básicos, como luz y agua, lo que sugiere "conexiones irregulares". "Se han abierto expedientes tanto en Aqualia como en Endesa", apunta.

Dificultades para llegar a fin de mes

Juan José lamenta que le resulta difícil llegar a fin de mes y se ve obligado a pedir dinero a sus familiares.

Ante esta problemática, Juan José señala: "Toda la vida hemos aprendido que debemos trabajar, ser honestos y tener una propiedad privada, pero las reglas del juego han cambiado. Se ha iniciado una nueva forma de vivir en pisos o casas alquiladas sin pagar, y las administraciones y gobiernos llegan tarde a esta realidad".

"En los últimos tres años, el gobierno ha tenido la oportunidad de diferenciar entre ocupación ilegal e inquiokupación, y de proteger a aquellos trabajadores que han luchado por tener una propiedad y siguen pagándola". Juan José considera que "no hay protección para ellos". El propietario señala la urgencia de que el gobierno asuma su responsabilidad en esta situación.