El Ayuntamiento sufre en sus carnes el fenómeno de las 'empresas okupas'

El movimiento okupa, que surgió en España en la década de los 80, siempre se vincula a viviendas o edificios vacíos. La crisis ha provocado que la entrada en casas ajenas repunte, pero con un matiz distinto al ideológico. Son familias que están atravesando una situación delicada y, en muchos casos, incluso se han convertido en okupas de sus propios hogares al negarse a abandonar su residencia por embargo bancario. Pero la recesión económica ha propiciado la aparición de otro fenómeno, que está sufriendo el propio Ayuntamiento de Almería en sus carnes. Empresas a las que le había confiado la gestión de infraestructuras y servicios municipales se niegan a abandonarlos. El propio equipo de Gobierno se refiere a estas concesionarias como "empresas okupas".

Una de ellas está poniendo incluso en jaque la contabilidad de la Empresa Municipal de Infraestructuras, Emisa, que, si no estuviera respaldada por las arcas públicas, estaría en quiebra y cerrada por adeudos. Emisa, la encargada de construir la red de aparcamientos subterráneos, no está recibiendo dinero alguno por la explotación de dos de sus parkings. El del mercado provisional de la carretera de Ronda y el de la avenida de Padre Méndez, que con más de un millar de plazas, es el estacionamiento de mayor capacidad de la capital.

La gestión de estas dos importantes infraestructuras de propiedad municipal fueron adjudicadas a la misma empresa, Carousel Eurogrup. Esta sociedad malagueña no ha pagado al Ayuntamiento el canon de explotación, pero tampoco ha abandonado los aparcamientos, que fueron adjudicados por 18,6 millones de euros redondeados.

Puede decirse que esta operación que cerró en junio de 2010 le ha salido rana al Ayuntamiento. Emisa pudo abordar la construcción de la red de aparcamientos solicitando préstamos bancarios y veía su puerta de ingresos precisamente en los parkings del Mercado Provisional y, sobre todo, del de Padre Méndez, por su estratégica situación en una zona satura de centros educativos y ahora con la Ciudad de la Justicia operativa. Emisa había calculado en 2010 entregar la explotación de estos aparcamientos por 15 millones de euros, si bien se decantó por la atractiva oferta de Carousel que sumaba 366.000 euros al importe total a pagar por la concesión . De hecho, el consejero delegado de Emisa, el concejal Esteban Rodríguez, se congratulaba del acuerdo manifestando que el mismo iba a permitir "cancelar los créditos y préstamos con las entidades financieras".

No ha sido así y la contabilidad se le ha complicado aún más a Emisa. Cuando hizo entrega de sus aparcamientos a la sociedad malagueña, la empresa municipal subrogó los préstamos bancarios con los que había cubierto el coste de las obras de construcción. Emisa no cobra, pero los bancos no perdonan ni al Ayuntamiento de Almería, por lo que la empresa de Infraestructuras ha tenido que volver a pedir dinero prestado para pagar sus préstamos, una situación de la que el equipo de Gobierno ofrece apenas información, siendo la oposición (con representantes en el Consejo de Emisa), la que ha dado a conocer este, puede llamarse, apuro.

Las declaraciones oficiales señalan que la "empresa okupa" se niega a abandonar los aparcamientos por lo que, según explica Rodríguez, el Ayuntamiento recurrió a la Justicia, después de reclamar sin resultados a Carousel el cumplimiento del contrato. El Consistorio pidió en octubre al Juzgado de lo Contencioso Administrativo una orden de desalojo contra su adjudicataria, resolución que todavía no ha llegado, abunda el consejero delegado.

El caso de la Ciudad Digital es diferente, pero el resultado final es el mismo. Con esta concesión, es el Ayuntamiento el que tiene que pagar un canon a la empresa y no al revés. El problema explotó en septiembre, cuando Telvent decidió dejar de prestar sus servicios porque el Consistorio no le pagaba las cantidades que reclamaba al estar en desacuerdo el equipo de Gobierno con la prestación de los trabajos contratados. Telvent deja inoperativa la Ciudad Digital, pero no abandona el edificio pese a la orden judicial de desalojo. A día de hoy, sigue ocupando parte de estas dependencias hasta que el litigio sea resuelto.