La letrada almeriense Mar Uriarte, especialista en derecho bancario y de 43 años de edad, denunció a la cúpula de Bantierra, cooperativa de crédito aragonesa, al entender que estaba cometiendo presuntos delitos de blanqueo de capitales. Siendo empleada en Madrid de la Caja Rural de Aragón acudió en mayo de 2015 a la Fiscalía Especial contra la Corrupción con pruebas concluyentes para demostrar que se estaban realizando depósitos de dinero en grandes cantidades al tiempo que se contrataban hipotecas fruto de sospechosos encuentros entre directores de sucursales y ciudadanos de nacionalidad china en lo que podrían ser maniobras para blanquear fondos entre los años 2012 y 2013.

Es testigo de la Fiscalía Anticorrupción, a la que detalló cómo descubrió lo que podría ser una “red criminal” con ramificaciones de la mafia china y validar las pruebas que en su día aportó ante la justicia, y la única mujer empleada de banca que ha demandado a su entidad. De ahí que se la hayan nominado junto a una quincena de candidatos al IV Premio Hay Derecho 2018, promovidos por la Fundación homónima, a propuesta de la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social. La letrada almeriense, con más de 18 años de experiencia en el sector, siempre en defensa del Estado de Derecho y frente a la corrupción bancaria, optará a este galardón que convoca la Fundación Hay Derecho, una organización independiente que promueve la regeneración institucional y que cuenta entre sus fundadores con notarios, catedráticos de derecho y abogados del Estado.

El plazo de votación de las candidaturas se abrió el 5 de noviembre y se cerrará el 30 y cualquier interesado puede emitir su voto en la página web del certamen. Entre el 1 y 15 de diciembre será la deliberación del jurado y la entrega del galardón tendrá lugar en febrero. Mar Uriarte ha puesto en riesgo su integridad física y profesión en la defensa del principio de legalidad y seguridad jurídica, por lo que será una de las aspirantes con más opciones de conseguir el Premio Hay Derecho en la vigente edición. Era empleada de banca en Madrid desde 2006 cuando descubrió un drama de blanqueo de capitales organizada por la entidad Bantierra Caja Rural de Aragón (antigua Caja Abogados) junto con una organización criminal de chinos, que realizaban operaciones hipotecarias y cambio de billetes que alcanzó varios millones de euros.

Hace unos meses compareció para declarar todo lo sucedido en un caso en el que hay una decena de personas investigadas. La denunciante interpuso una denuncia por acoso laboral contra sus superiores en Bantierra al ser víctima de todo tipo de presiones y amenazas una vez que trasladó su oposición con las prácticas que estaban realizando. En enero del pasado año ratificó su denuncia ante la Fiscalía aportando nueva documentación. La letrada almeriense tenía claro que iba a llegar hasta el final aún sabiendo que las personas que denuncian delitos de corrupción y maniobras irregulares en bancos sufren una “estigmatización” en el sector y tienen serias dificultades para encontrar un empleo, es más, tras una baja médica fue despedida por la empresa.