La Audiencia de Almería ha condenado a penas que suman 26 años de prisión al acusado al que un jurado popular declaró culpable del asesinato de otro hombre, al que retuvo y agredió durante dos días, y a otros 16 meses de cárcel a un segundo procesado que intentó encubrirlo.

La sentencia de la magistrada Soledad Balaguer hace suyo el veredicto del jurado, que declaró probado que el acusado M.R. alojó a la víctima en su vivienda entre noviembre e inicios de diciembre de 2019.

El procesado sospechaba que la víctima le había sustraído 20.000 euros, por lo que "ideó un plan" para que confesara lo que había hecho con este dinero, que materializó sobre las 22:00 horas del 3 de diciembre de dicho año.

Llevó al otro hombre a algún punto de El Ejido, dónde lo retuvo contra su voluntad entre los días 4 y 5 de diciembre, y le agredió "insistentemente en distintas zonas del cuerpo con la intención de causarle una muerte cierta o aceptando que ésta pudiera producirse, bien con golpes o con puñaladas".

Según el fallo, maniató al perjudicado y provocó su muerte debido a los golpes y heridas de arma blanca sobre las 05:00 horas del 5 de diciembre por "politraumatismo con predominio del cráneo encefálico que le produjo un shock traumático por destrucción de los centros nerviosos superiores".

Sin embargo, no ha quedado acreditado que dejase tirado su cuerpo en una intersección de caminos cerca de El Ejido "sin importarle que muriese sin poder ser ayudado por nadie".

El segundo condenado, Y.F., aunque no participó en los hechos anteriores, no reveló a la Guardia Civil o al juez instructor que había visto pasar al acusado con la víctima por un cortijo cerca de El Ejido, "para evitar así que los investigadores sospechasen de M.R.".

El jurado no ha declarado culpable a otro hombre defendido por la abogada Mónica Moya, J.S., al que se acusaba de participar en la detención y asesinato del perjudicado, algo que no ha quedado probado.

De esta forma, M.R. ha sido condenado por un delito de asesinato a la pena de 22 años de prisión, y a cuatro años más de cárcel por un delito de detención ilegal, mientras que a Y.F. se le impone una pena de 16 meses de prisión por un delito de encubrimiento, y se absuelve a J.S. de los delitos de asesinato y detención ilegal.

Además, M.R. deberá indemnizar con 120.000 euros a cada uno de los tres hijos del fallecido, y con 16.079,91 euros al hermano de la víctima mortal.