Cotizaciones-pensiones, la balanza se desequilibra en Almería

Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Los sindicatos vuelven a movilizarse como cada 1 de octubre por unas pensiones dignas y las administraciones se afanan en exhibir los programas y proyectos que promueven para la mejora de las condiciones de vida de un segmento de la población que en la provincia representa al 14% del censo con más de 98.000 personas mayores de 65 años. Sin embargo, más allá de esta agenda lúdico-festiva y reivindicativa ya habitual por la efeméride, es un buen momento para radiografiar la evolución en la provincia de las cuentas de la Seguridad Social y de la situación económica de los mayores. El sistema público de las prestaciones contributivas no se sostiene desde hace ya algunos años en nuestro país y se enfrenta a dificultades de financiación de momento sin solución al depender de las cotizaciones de la población activa. Y es que no hay cotizante para tanto pensionista, situación que ha venido desequilibrando las cuentas estatales en los territorios con altas tasas de envejecimiento.

Almería por su elevado índice de natalidad y afiliaciones, además de ser una de las provincias con menos proporción del censo en la tercera edad, ha venido saldando las cuentas de la Seguridad Social en positivo hasta 2016. Pero en el último año la balanza quebró con un gasto de 959 millones de euros en las pensiones y con ingresos por las cotizaciones sociales de 932 millones de euros (713 millones del régimen general). La caja de las prestaciones contributivas ya no se sostiene ni en Almería y es una situación preocupante para los pensionistas que han perdido poder adquisitivo desde 2011. La dependencia, la longevidad y la falta de liquidez están poniendo en riesgo la situación financiera de las personas mayores, al aumentar las necesidades económicas de una jubilación cada vez más larga por el aumento progresivo de la esperanza de vida (de 69 años en 1975 a 78 en la actualidad). Ni tan siquiera el reciente acuerdo del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones conforme al IPC real puede zanjar un debate que está en la calle.

Ni el dinamismo demográfico ni la quinta tasa de dependencia más baja de España con casi tres trabajadores por pensionista han impedido que la provincia entre también en números rojos en las cuentas de la Seguridad Social con previsiones de mayor gasto público en el futuro en sanidad, servicios sociales y dependencia, además de por las prestaciones contributivas y otros subsidios. El crecimiento del número de los afiliados en los últimos meses ha sido tres veces mayor que el de los pensionistas, si bien acceden a la jubilación cada vez más personas con bases de cotización más altas y se incrementa el gasto. Otro de los factores que ha influido en la caída de los ingresos en 2017 fue la tarifa plana de los autónomos. La Seguridad Social ingresó poco más de mil millones en 2015 y 2016 y pasó a 932 millones en el último ejercicio. La factura de las pensiones, sin embargo, no ha dejado de crecer. En 2005 eran 85.973 pensiones en Almería por un importe de 594 millones de euros y en 2017 se alcanzaron las 102.438 prestaciones con gasto exacto de 1.063 millones. Las de jubilación han pasado de 49.438 en 2005 a 60.071 en 2017 y se ha duplicado el coste, mientras que las de viudedad crecen menos, de 24.249 a 27.857 pero el importe evoluciona de 130 a 215 millones de euros.

Las organizaciones de tercera edad y los sindicatos han hecho un llamamiento a la necesidad de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados a lo largo de toda su vida y tienen claro que el sistema actual no es sostenible ni tan siquiera en las provincias como la de Almería en las que se multiplican las altas en la Seguridad Social porque en 2035 el número de mayores de 65 años alcanzará el 23-24% del censo y en 2070 será del 30%. La importancia de una política fiscal que mejore la protección social y garantice mejores condiciones de vida para la tercera edad es aún más indispensable en territorios con las prestaciones ínfimas. En Almería se cobran de media 774 euros, en Andalucía 857 y a nivel nacional 957, la tercera más baja por detrás de Lugo y Ourense.