Cs ofrece su apoyo al presupuesto, pero pone al PP fecha de caducidad

La confección del presupuesto de un ayuntamiento de capital siempre es compleja, más cuando se trata de las cuentas del año electoral; más cuando el partido en el poder no ostenta la mayoría. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería está inmerso en los números que nutrirán los capítulos de inversión y gasto con otra cuenta añadida, la del calendario, que el Grupo de Ciudadanos ha impuesto como condición para ofrecer, en principio, su necesario respaldo. El equipo de Ramón Fernández-Pacheco tiene que tener el presupuesto aprobado en Pleno la "última semana de octubre, primera de noviembre".

La razón argumentada por el portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, es sencilla. Si no hay cuentas aprobadas para esa fecha, el presupuesto no podrá entrar en vigor en enero. Y el tiempo de retraso es esencial en un año donde las elecciones municipales anticipan, podría decirse, el final de la gestión anual a mayo. "Si el presupuesto no entra en vigor en enero y lo hace más tarde, no sirve para nada" -avanza el representante de Cs-, ya que dicho respaldo estará, a su vez, condicionado a las propuestas que desde el grupo de Cazorla puedan lanzar para su inclusión en este nuevo curso de gestión. Y a menos tiempo, menos grado de cumplimiento de esas ya famosas en la Casa Consistorial líneas naranjas.

Los concejales del PP apuran pues plazos. Hacen los números de cada área que, luego, la Concejalía de Hacienda, siguiendo los criterios de Alcaldía, debe conjugar. Pero la perspectiva temporal de "finales de octubre, principios de noviembre" no es la única condición que los populares deberán de atender si quieren contar con los votos favorables de los concejales de Ciudadanos. Ahí queda para su examen el grado de cumplimiento de las 67 exigencias de inversión de Cs que el PP incluyó en sus presupuestos de 2018. A Cazorla, no le valen "los bálsamos a Ciudadanos", sino que lo que "se firma es para cumplirlo, y lo que pedimos es para los vecinos y para los almerienses".

Una de estas peticiones llegará en forma de moción plenaria el mes que viene, objeto ayer de la rueda de prensa ofrecida por Cazorla. Mediante esta iniciativa se insta a Cespa, empresa gestora de la planta de clasificación y compostaje de residuos sólidos, a cumplir con los 9,5 millones de inversión comprometidos en la concesión y a subsanar las denuncias formuladas por los trabajadores por "falta de salubridad y seguridad".