La compañía eléctrica Endesa refuerza en estos días las líneas de baja tensión que suministran a los barrios de Pescadería, Los Almendros, La Chanca y El Puche, en la capital almeriense y en zonas afectadas por las saturaciones de las redes debido a los enganches ilegales. Es parte de la información facilitada por la empresa después de que la Asociación de Vecinos La Traíña haya presentado una denuncia ante la Fiscalía por los apagones que se están produciendo, en concreto, en La Chanca-Pescadería durante el periodo de obligado confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus.

En un comunicado remitido a los medios de información, Endesa expone que “los técnicos de la compañía, que trabajan en estos momentos excepcionales cumpliendo escrupulosas medidas de seguridad, siguen trabajando con el fin de intentar paliar la problemática que generan los enganches ilegales en estas zonas donde el 52 % de la energía la consumen suministros sin contrato en vigor”, incide en la nota,

Endesa está instalando 450 metros de líneas de baja tensión y montará esta semana unos cinco apoyos para tender de forma aérea esas líneas. Las nuevas infraestructuras pasan por las calles Canteras, Juan Goytisolo y Valdivia. También se han reforzado las líneas anexas a la calle Botalón, todo ello con el fin de mejorar la calidad de suministro a los clientes que viven en el entorno de estos barrios. Además, está preparando el terreno para instalar uno de los dos nuevos centros de transformación que la compañía se ha comprometido en poner en servicio a mediados de este año.

Endesa tiene previsto empezar a instalar el centro de transformación de 2.000 KVA en la plaza del Anzuelo, tras el cual trabajará en otro de la misma dimensión en la Calle Rosario, ambos en el entorno del barrio de Pescadería.

Estos dos nuevos centros de transformación en los que Endesa está invirtiendo 180.000 euros beneficiarán a más de 2.400 vecinos de esta zona afectada por las saturaciones de las redes debido a los enganches ilegales.

Los planes de Endesa han sido facilitados ante las acciones emprendidas por el colectivo vecinal La Traíña. La semana pasada daba parte de los cortes de suministro eléctrico a la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital. Dando un paso más, ha denunciado ante la Fiscalía Provincial los habituales cortes, ya que el estado de alarma ha agravado la situación de aquellos vecinos que los padecen por el incremento del consumo y están al corriente de sus pagos de los recibos de la luz.

En su escrito, los vecinos indican que, ni siquiera en una “situación de emergencia sanitaria” donde es “indispensable que las personas puedan disponer de medios energéticos adecuados”, se han “adoptado las medidas adecuadas” y remarcan su derecho a “llevar esta situación de limitación de movimientos con la mayor normalidad y disponiendo de los medios hídricos necesarios”.

Desde La Traíña recuerdan al Ministerio Público que, en los últimos meses, se han puesto en contacto las administraciones competentes para informar de que, cuando se produce una alta en el consumo energético en el barrio, se producen cortes de luz “durante horas, lo que supone perjuicio personal a los residentes y un alto perjuicio económico para autonómos y pymes”.

“A pesar de las mesas técnicas, no se han producido avances que hayan podido restablecer la normalidad”, lamentan para añadir que, lógicamente, el decreto de estado de alarma ha supuesto un incremento del consumo debido “a la restricción de los movimientos de personas y el confinamiento en las viviendas habituales”.

La denuncia presentada a la Fiscalía, consultada por Europa Press, incide que el citado decreto “impide” que se puedan producir cortes en los suministros básicos, en este caso la luz, y remarca que es “necesario” que la Subdelegación del Gobierno “a través de los medios excepcionales, pueda adoptar medidas urgentes para garatizar este suministro básico de luz”.

Para la asociación de vecinos’, al margen de la supuesta vulneración de derechos fundamentales, la situación afecta “al bienestar y disfrute del propio hogar, pudiendo representar un factor piscopatógeno y fuente permanente de perturbación de la calidad de vida”.

“No solo se debe atender esta situación para restablecer con normalidad el suministro energético en el barrio de Pescadería y Chanca sino que se debe garantizar la normalidad en esta situación excepcional, siendo necesario que se puedan disponer de los medios materiales para proteger estos derechos”, reclaman.

La denuncia pide amparo al Ministerio Público ya que considera que los hechos podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y coacción, y aporta documental en relación a la comunicación mantenida con Ayuntamiento de Almería, Subdelegación del Gobierno y Junta de Andalucía. Los vecinos instan a la Fiscalía a que investigue a través de la Policía Nacional y a que oficie a las administraciones local, estatal y autonómica para que den cuentan de si tenían conocimiento de la situación por la que estaban atravesando y detallen las medidas que han adoptado.