La Fiscalía investiga si hay delito en el caso de Asalsido y el hotel

El hotel no admitió a los jóvenes con Síndrome de Down "por ser molestos para el resto de clientes"

Redacción

18 de mayo 2013 - 01:00

La Fiscalía Provincial ha resuelto incoar diligencias de investigación penal para dirimir si se produjo una conducta delictiva en la decisión del hotel CaboGata Plaza Suites de El Toyo, en Almería, de impedir la reserva de plaza en el establecimiento de un grupo de jóvenes con síndrome de Down en un viaje de fin de curso alegando que "este tipo de personas podrían molestar al resto de clientes".

Fuentes del Ministerio Público han indicado que los hechos relatados por la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido) están tipificados en el Código Penal como delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas aunque la decisión sobre si se formula denuncia para judicializar el caso está a la espera de un "análisis más depurado" y de si es preceptiva alguna prueba.

Según la denuncia elevada el martes a la Fiscalía de Almería, una trabajadora de Asalsido en Almería solicitó a una agencia de viajes que pidiera presupuesto de alojamiento a tres hoteles cercanos a la ciudad para organizar el viaje de fin de curso de un grupo de jóvenes con síndrome de Down de un centro educativo concertado con la asociación. Sin embargo, uno de estos hoteles, el CaboGata Plaza Suites, contestó a la agencia que no podía facilitar un presupuesto para alojar a los jóvenes. "No admitimos grupos de personas con discapacidad psíquica", respondió el establecimiento, que, desde su dirección ha pedido "disculpas" y ha afirmado que se trató de "un malentendido".

La organización DOWN España apunta que cuando Asalsido contactó con la dirección del hotel para pedir explicaciones, ésta "se reafirmó en su postura" y añadió que "este tipo de personas podrían molestar al resto de los clientes del hotel", cosa que ya "les había ocurrido en otra ocasión". Asalsido puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la ciudad por entender que "constituyen un caso claro de discriminación hacia personas con discapacidad y que vulneran la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España", que prohibe "toda discriminación por motivos de discapacidad".

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