El Gobierno ha efectuado un total de 8.827 expulsiones y 13.606 devoluciones de inmigrantes durante los dos últimos años, según se desprende de una respuesta del Ejecutivo a la pregunta escrita de la diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer. 

"En relación con la información interesada, se señala que durante el año 2018 se efectuaron 4.182 expulsiones y 7.203 devoluciones. En 2019 se realizaron 4.645 expulsiones y 6.403 devoluciones", dice la contestación, consultada por Efe. 

La diputada de Vox también ha solicitado al Gobierno sobre el "coste exacto" de un retorno voluntario, así como de una repatriación forzosa o deportación, "dada la actual situación del país, y la creciente alarma social con el aumento masivo de la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras fronteras". 

Una situación en la que, según De Meer, "cobran cada vez más importancia las deportaciones por el Ministerio del Interior, y en su caso, los retornos voluntarios", por lo que reclama dicho importe "ante el silencio del coste real que supone la gestión de la inmigración ilegal, fundamentalmente en su proceso final, que supone precisamente la vuelta al país de origen por diversos medios". 

Sin embargo, el Gobierno afirma en su respuesta que el importe exacto de una repatriación forzosa "no se puede cuantificar, ya que está condicionada por el lugar final de destino, tarifa de viaje en vuelos regulares o contratación de vuelos específicos, duración de los mismos, etc.". 

Ante la pregunta de De Meer sobre qué partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es la que sufraga este gasto, el Ejecutivo apunta que desde el año 2018 y hasta la actualidad se han firmado dos contratos, "el último actualmente en ejecución, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.02.132A.223, con los que se atienden las necesidades de repatriación de ciudadanos extranjeros". 

Todo ello con la financiación de la Unión Europea a través de los Fondos de Asilo Migración e Integración (FAMI). 

Por último, la diputada de Vox pregunta al Gobierno el papel del FRONTEX en materia de deportaciones en el caso español. 

"FRONTEX ayuda a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y los países asociados al espacio Schengen a gestionar sus fronteras exteriores, contribuyendo a armonizar los controles fronterizos entre los países de la UE", contesta el Ejecutivo. 

En este sentido, precisa que dicha agencia "facilita" la cooperación entre las autoridades fronterizas de cada país de la UE, ofreciendo apoyo técnico y experiencia, tanto en la gestión fronteriza como en la coordinación de dispositivos de retorno en los que estén implicados varios países miembros.