“Dejadme que termine de hacer las alubias”. María ruega a los dos técnicos de Endesa que están realizando el corte del suministro eléctrico ilegal que esperen a que se cocine el guiso. Parece su única preocupación minutos después de que la Guardia Civil irrumpiera en su casa por la fuerza deteniendo a su marido ante la atónita mirada de sus hijos y desmantelando un cultivo de casi un millar de plantas de marihuana en la azotea. Es una de las veinte viviendas asaltadas en el marco de la operación Pozo Green en Matagorda esta semana en uno de los mayores despliegues policiales de una provincia que se está convirtiendo en los últimos años en uno de los grandes centros de producción y experimentación del cannabis sativa en España.

Y la Guardia Civil, en colaboración con Endesa, está incrementando sus actuaciones para desmantelar la otra huerta de Europa. En lo que va de año han sido 107 detenidos, 22 en este último operativo en el Pozo de la Tía Manolica, y se han aprendido más de 67.200 plantas. En otras provincias andaluzas la cruzada contra el narcotráfico se concentra exclusivamente en los barrios marginales, como ocurre en Granada con la zona norte, si bien en la geografía almeriense el espectro está más difuminado y en paralelo al sector agroalimentario está alcanzando niveles máximos de innovación. Plantas con uno de sus principios activos como el TCH al 45%, cuando lo normal antes era de una media de 4, atraen a compradores nacionales y del centro y norte de Europa que se desplazan incluso a probar la cosecha a la provincia.

En la segunda planta de la vivienda, cubierta bajo plástico, se encuentra el cultivo de marihuana

La tecnología más avanzada y el I+D del campo almeriense derivan en auténticos laboratorios de ‘maría’ con sofisticados sistemas de riego por goteo, instalaciones eléctricas soterradas y ventilación mecánica. Es un hecho delictivo con bajo reproche penal y social y requiere una mínima inversión que genera importantes beneficios con cuatro y cinco cosechas anuales merced a una climatología que agiliza los plazos de maduración con viento favorable a la humedad mediante el cultivo bajo plástico. De hecho, en el Pozo de la Tía Manolica, en el que se arrancaron más de 15.800 ejemplares, las segundas plantas de los dúplex no eran reales, sólo la fachada a modo de decorado y el resto cubiertas de invernadero con enrevesado acceso a través de escaleras de mano.

A simple vista imposible de distinguir, si bien la inspección aérea de la Benemérita permitió descubrir plantaciones que eran más pequeñas de la habitual para evitar los picos de consumo de los enganches ilegales y que se habían secuenciado con cosechas a pleno rendimiento y otras en la primera fase de floración para que el golpe policial, que suele acabar llegando, no desmantele todo el negocio.

En el Pozo de la Tía Manolica hay más de cien casas y sólo una tenía contrato de luz

Entre el centenar de detenidos en lo que va de año hay vecinos de pueblos del interior que plantan en su cortijo e integrantes de redes internacionales como los once de la operación Acantha II por la que se intervinieron 12.800 plantas en Almería, Murcia y Alicante. Otros emplean técnicas tan sofisticadas para el testeo de las semillas que sorprenden incluso a los agentes. En julio en Lucainena un incendio en el almacén puso al descubierto un laboratorio de germinación de vanguardia con iluminación LED, sensores de temperatura, control de humedad, sistemas de pesaje de precisión y extractores de aire. En Roquetas y Vícar han tumbado narcobloques al completo con una quincena de pisos enganchados y en el Poniente invernaderos como el de Berja a principios de año con más de 6.500 ejemplares.

No hay un patrón determinado de cultivo ni perfil concreto de cultivador. “Todo el delincuente común de bajo nivel se está dedicando hoy a la marihuana. Es una especie de autónomo que cultiva por su cuenta este tipo de drogas, asume el riesgo y la inversión y en caso de ser fructífero y obtener la cosecha lo vende a un intermediario que lo recolecta, hace las grandes partidas y envía a destino”, ha explicado el comandante jefe de la Guardia Civil de El Ejido, Sergio Peñarroya, que el lunes lideró la operación Pozo Green en la que se integraron más de 150 efectivos sobre el terreno.

Entre las razones del auge de la ‘maría’, añade, el reducido castigo penal. “Es difícil que entren en prisión”, añade. El comandante plantea que los factores económicos y sociales de este fenómeno están derivando a mucha delincuencia de los robos y hurtos e incluso del tráfico de drogas al más alto nivel al cultivo de marihuana. “A día de hoy nos encontramos en esta provincia con verdaderas zonas marginales desde las que están despachando la marihuana al resto de España y siendo la despensa de una parte de Europa”, asegura el responsable de la Benemérita en El Ejido. Y lo vincula, además, con localidades y pedanías con gran volumen de vivienda vacía colgadas del boom inmobiliario que en su mayoría ya son propiedad de los bancos.

“Han ocupado las casas y se enganchan a la luz ilegalmente para realizar una actividad delictiva con la que conviven miles de ciudadanos que hicieron la inversión de su vida al comprar una vivienda o piso en su día y ahora ven sistemáticamente cómo desmantelamos el cultivo y punto de venta y a los tres meses lo vuelven a montar”. Minutos antes del despliegue de efectivos en el barrio del Pozo de la Tía Manolica, el comandante asegura que esta pedanía en evidente situación de exclusión y marginalidad se ha dedicado históricamente a hachís y heroína, pero también derivó al cannabis sativa. La potencia sustraída ha quemado los transformadores de Endesa en Matagorda y el fraude energético alcanza nivel máximo: sólo un contrato en un centenar de infraviviendas con un consumo medio equiparable al de 35 casas por cada plantación.

67.267 plantas se han aprehendido en la provincia en lo que va de año, 15.800 en la última operación en Matagorda

Hace ya año y medio se realizó la operación Manolica y se desmantelaron 65 enganches y encontraron 1.274 plantas y en poco después, con la información obtenida del anterior golpe, se detuvo a dos personas y cayeron otros dos viveros. Poco después de las seis de la madrugada comienzan a llegar las unidades al puesto del Instituto Armado en El Ejido. Han sido tres meses de preparativos y se nota la tensión del alto nivel de exigencia. A las cinco y media habían partido desde la Comandancia de Almería los agentes de la Policía Judicial y minutos más tarde lo hicieron los equipos de investigación de Vícar y Roquetas. En el cuartel esperan los responsables de dos Grupos de Reserva de Seguridad de Sevilla que vienen de la cobertura de las carreras de caballos de Sanlúcar y han pernoctado en alojamientos del Poniente. Los efectivos de la USECIC no han podido estar en la nueva batalla contra la marihuana porque tienen rotación en la valla de Melilla.

El 'briefing' con los líderes de las unidades implicadas comienza a las siete de la mañana en la misma puerta del acuartelamiento, entre los vehículos y aprovechando sus luces y linternas porque todavía no ha amanecido. El comandante, con el mapa del barrio en mano, insiste en que extremen medidas de protección: “Señores, siempre prima la seguridad”. Repasan los objetivos y se desplazan al punto de encuentro fijado en un solar frente al estadio Santo Domingo. Allí ya esperan en formación los vehículos de intervención en los que viajarán hasta la barriada más de 150 agentes de una comitiva en la que se integran una veintena de técnicos de Endesa, los secretarios judiciales y operarios de empresas contratadas para la movilización de la droga y material incautado en furgonetas de alquiler.

Los agentes se preparan para asaltar otra de las viviendas con una plantación en la azotea

El plan contemplaba apoyo aéreo con una helicóptero de la base de Granada, pero una avería le impidió iniciar la potente puesta en escena con la que tomaron el barrio en torno a las ocho de la mañana. Durante el tránsito en dirección a Matagorda los agentes se cubren el rostro con pasamontañas y bragas de cuello, al igual que los técnicos de Endesa que acabarían desmantelando los 120 enganches ilegales de una red que recorría 160 metros. Lo hacen por motivos de seguridad, deben ocultar su identidad. Reciben todo tipo de amenazas, también a sus familias, y tienen que blindarse de posibles represalias. 

Los agentes movilizados desde la capital andaluza no se tapan, no tendrán que volver a pisar el Pozo de la Tía Manolica como el resto de sus compañeros de despliegue. “¡Alto! ¡Guardia Civil! ¡Quietos!”. Con un ariete fuerzan las puertas e irrumpen en dos infraviviendas de forma simultánea. Los gritos a primera hora de la mañana cortan el silencio de un poblado marginal situado entre el mar de plástico en dirección a Rambla del Loco. Los efectivos del GRS controlan todos los accesos mientras se producen los primeros registros siempre con mandamiento judicial. En total se accedió a una veintena de casas y diez invernaderos. El olor a ‘maría’ dentro del inmueble es todavía más insoportable que en la calle.

Al fondo suena el canto de un gallo y los agentes arrinconan en una habitación a una familia al completo, incluyendo a dos hijos, y se encuentran a simple vista con un secadero de marihuana y una escopeta. La señora pide la orden de registro y quiere un abogado. En la falsa azotea tiene un cultivo recién plantado y en la parte baja de las escaleras un calendario con los productos y cuidados diarios que requiere una cosecha. Es una prueba más de una actividad que le llevará ante el juez por delitos contra la salud pública y también de defraudación del suministro energético. El código penal fija en el artículo 386 penas de prisión de uno a tres años si no causan un grave año a la salud que podrían estar entre tres a seis si el volumen es considerable y hay agravantes.

Con este tipo de cultivos indoor de nada sirve retrasar la entrada de los agentes. Las viviendas en las que los narcotraficantes tienen cocaína o heroína, más fácilmente desechables, suelen blindarse tipo búnker. Con la marihuana apenas hay resistencia, la preocupación a veces pasa por evitar el derribo de la puerta y daños al mobiliario. En la siguiente casa otra familia con otra plantación invernada en una falsa segunda planta bajo plástico. También intervienen una pistola y una importante suma de dinero en metálico. La barriada está tomada por la Benemérita, pero nadie se percata, no se mueve ni un coche ni habrá vida hasta las diez de la mañana.

La estadística de detenidos va creciendo hasta los 22, casi todos con una sorprendente calma, sin excesiva preocupación a pesar de ser protagonistas de la operación policial. El embrollo no les llevará a la cárcel, han perdido la cosecha y poco más. Una vez asegurada la zona los secretarios judiciales se plantan en las viviendas y toman nota de las cantidades halladas con fotos y apuntes en una libreta. El servicio cinológico forma parte del rastreo, pero hay tanta olor a cannabis sativa que duran poco en el escenario. Los agentes toman muestras para el laboratorio en un invernadero con 2.120 plantas. En cajas separadas irán los apicales, cogollos y hojas. A continuación la empresa contratada procede a la recolecta y traslado con operarios que se enfundan monos blancos.

Los siguientes en aparecer serán los técnicos de Endesa para dejar a la barriada ejidense sin luz. Sólo hay un contrato y está cometiendo fraude. Cada vez es más complejo cortar el suministro, los esconden bajo tierra, bajo el hormigón de la calzada o atravesando incluso los invernaderos, además de sellar las arquetas. Los residentes en esta barriada reconocen el enganche irregular y la mayoría son reincidentes. En lo que va de año han sido casi 1.500 cortes de luz en 33 actuaciones de fraude masivo. A veces triplican el consumo por la noche para evitar que detecten picos de consumo. Pero la compañía eléctrica no baja la guardia y cada día estudia los posibles casos.

Los agentes de la Guardia Civil irrumpen a primera hora de la mañana en dos viviendas con un ariete entre gritos y de forma simultánea

El 90% de cortes los promueve Endesa con apoyo de las Fuerzas de Seguridad. La operación Pozo Green entra en su recta final. El comandante analiza con el jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, el capitán José María Zaldive, la evolución del dispositivo y todo marcha según lo previsto. Los agentes han dado una nueva estocada al cultivo de marihuana en el corazón del Poniente, pero quedan muchas batallas por librar en el futuro. Desmantelar la otra huerta de Europa no será fácil.