Javier Hidalgo: "La Junta debe acatar las sentencias y no ser tan irresponsable"

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Javier Hidalgo, ha pedido a la Junta de Andalucía que acate los fallos de la justicia, ante el anuncio de que ejercerá el retracto sobre el suelo en el que se asienta el hotel del Algarrobico, y criticó la "grave inseguridad jurídica" que están generando sus manifestaciones sobre su intención de derribarlo cuando, a su juicio, está más que acreditado que el "hotel es legal". El Colegio de Arquitectos visó el proyecto del complejo hotelero porque el suelo era urbanizable y contaba con todos los avales de las administraciones públicas y no entiende como años después se ha querido modificar sobre la marcha el planeamiento de esta zona publicando normas que se han ido superponiendo y contradiciendo por su irresponsabilidad y descontrol urbanístico.

Javier Hidalgo lamenta el daño que la Junta está causando con el conflicto del hotel de Carboneras a la marca de Andalucía y España fuera de nuestras fronteras. "Por la polémica del Algarrobico, que ha llegado hasta Oriente Medio, se traslada la imagen de que aquí, en esta provincia, nos dedicamos a destruir el medio ambiente y luego con otros casos como el de los Prior en Vera que autorizamos viviendas ilegales para luego demolerlas". Entiende que es un daño irreparable desde el punto de vista de los inversores internacionales y recuerda, por si lo olvidan las administraciones, que los tres pilares de la economía española son el turismo, la construcción y la agricultura. El decano de los arquitectos almerienses afirma que "la Junta debe acatar las sentencias y no ser tan irresponsable con anuncios como el del retracto o declaraciones del consejero de turno de que lo van a derribar sí o sí, olvidándose de que promovieron el suelo como urbanizables como copropietaria del terreno vendido a Azata". En su día, cuando Gobierno y Junta se sentaron a negociar la demolición del polémico hotel, el Colegio de Arquitectos entendió que era una decisión "frívola" porque la última palabra la tiene la justicia y hoy sigue valorando como "imprudente" esa actitud, sobre todo a raíz de las últimos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los terrenos y la validez de la licencia de obras. "En un Estado de Derecho se hace lo que dice la justicia y no lo que se le antojen a los ecologistas. No se puede condenar a la población del parque natural de Cabo de Gata-Níjar a trabajar limpiando las playas, tienen derecho a vivir como el resto de ciudadanos". A su juicio, los responsables de la Junta y el Gobierno se olvidan en sus declaraciones de mencionar que el hotel, con independencia de que sea más o menos feo, se construyó con todos los avales necesarios y esa "legalidad" es la que están poniendo en tela de juicio. Por último, el decano del Colegio de Arquitectos repara en el coste económico que puede acarrear su demolición y cifra los trabajos más la indemnización en más de 200 millones de euros.