La promotora no ingresó ni un euro por el Algarrobico

El paso de los años, casi treinta desde que se comenzó a gestar el proyecto turístico del Algarrobico y once desde el inicio de las obras de construcción del hotel, parece confundir a las administraciones públicas sobre el rol que en su día desempeñaron en un intento de eludir sus responsabilidades. No en vano han sido cinco ministros y otros tantos consejeros los que han manifestado su intención de derribarlo sin tener en cuenta las bendiciones de sus antecesores. En plena contienda política sobre los precursores de la mole de 411 habitaciones, en los últimos días sobre las subvenciones otorgadas a la promotora, los responsables de Gobierno y Junta, así como los portavoces de PP y PSOE, se han olvidado de lo más importante en su investigación sobre las ayudas públicas y es que nunca llegaron a cobrarse.

La promotora no ingresó ni un solo euro de la subvención que fue concedida en mayo de 2002 por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por valor de 2.847.788,90 euros, el 10% de la inversión que asumía la mercantil madrileña, porque era condición obligada y previa la creación de los 102 empleos que contemplaba el proyecto inicial. Es decir, sin expediente de gasto no se abonaría nunca el incentivo regional, un acto administrativo que no se llegó a culminar al ser paralizadas las obras del hotel al 94,5% de ejecución y después de una financiación de 27,4 millones de euros. Mientras populares y socialistas discuten por la gestión de estas ayudas, que aprueba el Ministerio de Economía siempre a propuesta de las comunidades, han pasado a un segundo plano los 2,3 millones que le costará a la Consejería de Medio Ambiente hacer efectiva la compra de cinco fincas, entre las que se encuentra la edificación de 65.000 metros cúbicos de hormigón, a través del derecho de retracto conseguido en los tribunales en septiembre de 2006 cuando Manuel Chaves era el presidente de la Junta. La decisión se ha venido demorando desde entonces, aludiendo a la inseguridad jurídica que crearía la alteración de la titularidad de los terrenos con la inscripción en los registros públicos porque hay un recurso de casación de Azata en el Supremo, si bien las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el carácter urbanizable sin ninguna protección especial de la zona y la validez de la licencia municipal han hecho cambiar de postura al gobierno andaluz.

Ante un probable reinicio de obras, la Junta optó por citar a la promotora el 12 de septiembre en una notaría para hacer efectiva la compra de los terrenos de forma que pasen a titularidad pública en un intento de velar por su valor medioambiental. Tampoco se ha tenido en cuenta en la polémica más reciente que otra ayuda de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, en este caso por valor de 76,7 millones de las antiguas pesetas se concedió en marzo de 1995 a la empresa que vendió los terrenos a Azata, Parque Club Algarrobico, participada por la propia Junta a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea). Subvención que se adjudicó para un proyecto industrial que no se ejecutó y que fue aprobada antes incluso de que se constituyera la entidad en cuestión. Pero las negligencias van más allá. En el artículo 5º de la escritura pública de la finca que se traspasó a Azata se hizo constar que no estaba incluida en el parque natural Cabo de Gata y que, por tanto, la Consejería de Medio Ambiente no se muestra interesada en ejercitar los derechos de tanteo y retracto que años más tarde hizo efectivos.

Fue precisamente la sociedad participada por la administración andaluza la que no comunicó la transmisión patrimonial de las parcelas, error en la tramitación que permitió años más tarde que se validara el retracto ante el juez.

"El Algarrobico es un invento de la Junta de Andalucía, fue la que promovió el hotel en Carboneras con la bendición del Gobierno". El exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, está el más crítico con esta decisión que frena en seco las aspiraciones de la promotora y el municipio. "Dicen lo contrario de lo que piensan porque buscan el rédito político". Arquitectos y agentes económicos de la provincia se muestran también contrarios al vuelco en la postura de la Junta.