La Junta acepta pagar su parte de la deuda de El Tagarete contra pronóstico

No lo esperaba el Ayuntamiento de Almería, pero la Junta de Andalucía se ha comprometido a asumir parte de la deuda municipal de un millón de euros contraída por las obras en las viviendas de El Tagarete, lo que ha generado, además de sorpresa, tranquilidad en el Consistorio capitalino, que aseguraba no disponer de tal capital para hacer frente a la cantidad ecómica que reclama la empresa Esisa por su trabajo.

Las expectativas de que este encuentro fuera favorable para los intereses municipales eran prácticamente nulas. Minutos antes de entrar a la reunión solicitada con el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, el alcalde de Almería afirmaba esperar que el encuentro diera "el mismo resultado" que el mantenido la pasada semana con la Subdelegación del Gobierno, que rechazó nuevas aportaciones económicas a los pagos ya asumidos en un viejo convenio, que no incluía las diversas modificaciones del proyecto de rehabilitación de los 22 bloques de El Tagarete y, por tanto, el encarecimiento, en 1,5 millones de euros, de los trabajos. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador llegó a manifestar que otra negativa "servirá de ejemplo para no firmar una contratación sin antes tener todo cerrado con otra administración".

Sin embargo, la respuesta de la Delegación obtenida por el alcalde y el concejal de Urbanismo, Juan Megino, que también asistió a la reunión entre administraciones, ha dado un respiro a la Casa Consistorial, que ya se preparaba para ser denunciada ante los tribunales por la empresa y a ser condenada al pago de la deuda más las indemnizaciones correspondientes por retrasos en el abono de la misma. De hecho, otra de las contratas de El Tagarete ya denunció hace dos años y, aparte del débito municipal, el alcalde tuvo que pagar de su bolsillo 150 euros.

Para el concejal de Urbanismo, Juan Megino, "es de justicia que la Junta asuma la deuda" ya que, como declaró la pasada semana, en las reuniones de la comisión de seguimiento que supervisaba estas obras, en las que participaban, además del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, la Junta y el Gobierno central, se aprobaron los modificados de obra y por consiguiente el encarecimiento de los trabajos. Sin embargo, el delegado provincial de Obras Públicas, entonces Francisco Espinosa, no tramitó la adenda al convenio original para cambiar las cuantías, un olvido este que le ha podido salir muy caro al Consistorio, después de la negativa de la Subdelegación del Gobierno a asumir parte del débito.