La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren, informó este jueves en el Parlamento Andaluz que el próximo lunes 3 de mayo se prevé la incorporación de los trabajadores del albergue de Inturjoven en Almería al albergue juvenil de Aguadulce, para preparar estas instalaciones de cara a su reapertura durante la temporada estival. Ha dejado claro que no se prescinde de ningún trabajador, ni se contemplan despidos, y que todos los empleados seguirán cobrando mientras dure esta situación.

La consejera ha recordado que la decisión de ceder a la Consejería de Salud el uso de este espacio de manera temporal “se toma ante la petición de las autoridades sanitarias de Andalucía por la urgente necesidad de realojar a personas sin hogar que tienen que estar en cuarentena por la pandemia” y que “se ha buscado la mejor solución para los trabajadores”.

En una reunión con los trabajadores en la que participó la consejera, la diputada socialista Noemí Cruz le trasladó a la responsable del Gobierno andaluz la necesidad de que arreglara “el desaguisado” que ha provocado con su decisión y que ha supuesto “sacrificar a trabajadores y usuarios”. Asimismo, lamenta el trato que la Consejería está dando a los 15 trabajadores del albergue, “que fueron avisados de la noche a la mañana de que perdían su lugar de trabajo”.

Los socialistas no confían en que el traslado a Aguadulce sea definitivo, ya que aseguran que “del Gobierno de Moreno Bonilla ya nadie se puede creer nada, por lo que no sabemos si acabarán siendo trasladados a otras provincias sin justificación alguna”.

Cruz considera que es un parche porque no soluciona la problemática de los estudiantes universitarios que residían allí, ni de los usuarios que ya habían reservado para los meses de verano y a las empresas del CADE que estaban instaladas en el albergue.

Por su parte, CSIF ha emitido un comunicado en el que asegura que “la Administración tomó, en principio, la decisión más fácil y la menos justa, dejando a la deriva a 15 familias que no sabían cuál iba a ser su futuro laboral”, pero que ahora “el Ejecutivo andaluz responde a la reivindicación de CSIF para que reconsiderara su decisión inicial y tuviera voluntad de buscar alternativas para aunar la atención a colectivos vulnerables y respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.