A principios de marzo, días antes de decretarse el estado de alarma, la Guardia Civil detenía a un menor por la presunta agresión sexual de una adolescente a la salida de un local de ocio en el puerto de Aguadulce. Un año antes otro joven de 16 años de Pulpí era detenido acusado de casi una quincena de robos y una estafa bancaria. Dos claros ejemplos de una delincuencia juvenil que requieren de respuesta por parte de la justicia. Los delitos, desde el más leve hasta el más grave, no entienden de edades, entrañan una responsabilidad penal imprescindible para su reparación y rehabilitación.

Cada año en la provincia de Almería son detenidos e investigados casi medio millar de jóvenes de entre 14 y 18 años siendo el número de expedientes sancionadores de 2019 el más alto de la última década. Según los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, los menores infractores con sanción, que en algunos casos se sustituye por un tratamiento de deshabituación, han evolucionado de la siguiente manera por año del inicio del expediente: 141 (2009), 128 (2010), 167 (2011), 444 (2012), 519 (2013), 364 (2014), 406 (2015), 388 (2016), 446 (2017), 414 (2018) y 553 (2019). Tan sólo en el último ejercicio y en 2013 se han superado el medio millar de penas.

Evolución de las detenciones y expedientes tramitados contra menores en los últimos años

La cifra de detenidos e investigados entre los 14 y 18 años aportada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en base a las actuaciones de Guardia Civil y Policía Nacional, difiere al no conllevar siempre expediente o castigo penal e incluso porque la imposición de la sanción se realiza en el ejercicio siguiente al de la investigación. Esta estadística oscila entre los 129 de 2001 y los 565 de 2017, con una evolución de vaivenes que desde hace ya casi una década no ha bajado de los cuatrocientos: 462 en 2011, 459 en 2012, 472 en 2013, 432 en 2014, 425 en 2015, 513 en 2016, 565 en 2017, 449 en 2018 y 465 en 2019.

Los adolescentes que se sientan cada año en el banquillo de los acusados se enfrentan a medidas judiciales dictadas por los juzgados de menores que se cumplen tanto en los centros de internamiento como en medio abierto, donde además de la asistencia los infractores también son obligados a someterse a tratamientos ambulatorios para combatir la drogodependencia y de salud mental, libertad vigilada, permanencia de fin de semana en domicilio e incluso prestaciones en beneficio de la comunidad que son cada vez más habituales gracias a los convenios de colaboración con ayuntamientos, asociaciones, ONG’s y otros colectivos sociales.

Tres centros de internamiento

La Junta de Andalucía dispone en la provincia de los siguientes recursos para el cumplimiento de medidas privativas de libertad: centro de internamiento El Molino en la capital, que ofrece un total de 66 plazas; el de Purchena, con 32 puestos; y Tierras de Oria, con 130 plazas para régimen cerrado, semiabierto, abierto, fines de semana y terapéutico. En los últimos años, en base a las conclusiones de la Fiscalía de Menores, destaca el alto porcentaje de casos en los que los infractores han sido castigados a cumplir medidas judiciales tras ser acusados de delitos como acoso sexual, abuso sexual, agresión sexual u otros contra la libertad sexual. Se suman con fuerza a los que han sido siempre habituales como los delitos contra el patrimonio, torturas y contra la integridad moral o lesiones.

La mayoría de los infractores cumple los dictámenes de los jueces en centros de medio abierto, pero otro porcentaje, los que cometen los delitos de mayor gravedad, son internados o deben acudir determinados días a estos centros. Las fiscalías de menores de nuestro país consideran que unos de los recursos que mejor resultado está dando en el tema de la violencia doméstica es la medida de convivencia en grupo educativo, también la libertad vigilada con sometimiento a programas de intervención familiar y sólo en casos de reincidencia o de gravedad se acude al internamiento. La mediación está ganando terreno como resolución extrajudicial de conflictos y durante 2018 fueron 544 las que se realizaron en la provincia, de las que un 77% se resolvieron favorablemente y la mayoría consistió en una reparación.

Delitos en masculino

La población femenina de la provincia fue en 2018 la más baja de toda Andalucía en el colectivo de menores infractores. Así lo recogía un informe de la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta de Andalucía, en el que, por contra, destacaba un incremento en el porcentaje de menores del sexo masculino implicados y castigados a pagar sus actos delictivos con medidas judiciales. Una vez más se ponía de manifiesto, como ya lo hiciera también un análisis de la Universidad de Almería, que la violencia entre los menores de edad predomina en el sexo masculino. La Fiscalía Superior de Andalucía ha advertido de un “repunte” de los delitos de violencia de género cometidos por menores andaluces, dentro de lo que se observa además un “aumento considerable” en la violencia o intimidación en sus relaciones de pareja.