El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, considera que el acuerdo de PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez es "preocupante". "Lo vemos con preocupación porque supone un ataque muy directo al Estado de Derecho, a la división de poderes, a la función que hace la la administración de Justicia", ha abundado.

Columna anuncia que los presidentes de las Audiencias emitirán un comunicado similar al que ya publicó este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero insiste que por su parte "claro que se ve una gran preocupación al respecto porque -el acuerdo- supone algo que no había ocurrido nunca, que en un Estado de Derecho las resoluciones judiciales sean revisadas por el poder legislativo". "Es preocupante, es preocupante", insiste.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, hizo este miércoles una petición de información al Gobierno sobre la ley de amnistía dentro del proceso habitual de consultas a los Estados miembros para obtener aclaraciones. Algo que hace que Columna esté "esperanzado en el sentido de que la Comisión Europea intervenga y vea el problema que puede surgir en España con la ley de amnistía y con estos nuevos acuerdos que a los que se ha llegado".

Por otro lado, cabe destacar que este viernes los jueces decanos de toda España se han sumado al rechazo expresado por las asociaciones judiciales tras el acuerdo de PSOE y Junts, porque consideran que su contenido podría suponer la "quiebra de la separación de poderes".

En un comunicado, se oponen a las referencias al "lawfare" o judicialización de la política y a "sus consecuencias", y se limitan a suscribir el texto firmado el jueves por todas las asociaciones de jueces que alertaba de la "intromisión en la independencia judicial".

En él, se reprocha la "desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial" que, según los jueces, se desprende de la referencia a una ley de amnistía que incluirá a personas implicadas en casos de "lawfare", es decir, del uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política.

El comunicado, reproducido íntegramente por los decanos, remarca la independencia del Poder Judicial en España y asegura que este "no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".

Por ello, los jueces consideran que las expresiones que reflejan dicha "desconfianza" en la justicia "no son aceptables".

Así, se oponen a un pacto que contiene "explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política", que podrían dar lugar a "acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", se argumenta en el comunicado inicialmente difundido por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).