Más de 2.350 apartamentos y pisos de la provincia que se destinan al alquiler turístico de manera más o menos habitual han dejado el limbo jurídico en el que se encontraban y figuran como reglados al ser inscritos por los propietarios en el Registro de Turismo de Andalucía. Suman nada menos que 11.967 plazas de alojamiento en una quincena de municipios almerienses, la mayoría situados en la comarca del Levante. De hecho, tan sólo Mojácar y Vera, con 615 y 623 alojamientos, acaparan más de la mitad de las camas disponibles. Son las casas que han presentado la declaración responsable para el inicio de la actividad en base al decreto que acaba de cumplir dos años que fue aprobado por la Junta para integrar este tipo de alojamientos en la oferta reglada y facilitar así su coexistencia con el resto de modalidades.

La Consejería de Turismo estima que a lo largo de la geografía almeriense existen entre 3.000 y 4.000 viviendas con fines turísticos en base a la oferta proyectada en los portales de internet y en las inmobiliarias del litoral con mayor demanda. La regulación de este tipo de alojamientos responde a la necesidad de ordenar una importante oferta de inmuebles no destinados a vivienda y con uso privado para el turismo y a la de ofrecer a los clientes garantías de calidad y confort durante su estancia en la comunidad fortaleciendo la imagen del destino. La norma de la administración andaluza creó la categoría de vivienda con fines turísticos y estableció la inscripción obligatoria para poder operar en un intento de que este tipo de apartamentos y casas ocultas, ajenas a cualquier control estadístico, jurídico, fiscal y laboral se integraran en una oferta reglada acabando con la competencia desleal a los establecimientos hoteleros al salir de la clandestinidad. La presión de la patronal logró que se regulara este segmento vinculado a nuevas formas de viajar y a la irrupción de una comercialización más directa y sin intermediarios, pero la proliferación de pisos turísticos sigue preocupando y mucho dos años después.

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) se ha sumado a otras voces del sector para denunciar que "no todo vale en la regulación del alquiler alojativo vacacional". Los profesionales turísticos cuestionan el "impacto negativo" que esta oferta creciente ejerce en los destinos y demandan a la Consejería de Turismo que refuerce el Plan de Inspección e instan a la Agencia Tributaria a fijar las correspondientes obligaciones fiscales. Denuncian la fuga de clientes en favor de un negocio que no paga impuestos y la respuesta de la administración autonómica es que ha pedido al Gobierno una norma estatal para el alquiler turístico ante la airbnbización de la oferta en las grandes ciudades y el litoral. No es para menos en la provincia ateniendo a la estimación de más de 3.000 viviendas con fines turísticos -y con una media de seis ocupantes- se podrían estar generando cerca de 20.000 plazas diarias más allá de la que presentan los hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales, campings y albergues.

A día de hoy, una de cada siete camas (12.000 de 70.000) de la oferta provincial corresponde a este tipo de alojamientos. En Andalucía se estima que pueden ser en torno a 80.000 viviendas turísticas que suman en torno a 400.000 plazas, lo que está propiciando un encarecimiento de los alquileres en los principales núcleos de litoral y las capitales. No han dejado de ganar peso en la tarta turística y de generar ingresos que en la mayoría de ocasiones no se tributan. El último estudio de HomeAway de 2017 cifraba en más de 2.000 euros de media mensual las ganancias que puede tener un propietario de una vivienda vacacional en Andalucía.

El Ayuntamiento de Sevilla está trabajando en la redacción de una ordenanza para poner freno a la proliferación de los alojamientos con uso turístico en determinadas zonas y barrios y piensa aplicar una tasa por inicio de actividad al tiempo que la Policía Local viene incrementando la vigilancia de los pisos vacacionales rastreando las redes sociales y páginas web con los anuncios. Y el consistorio de Málaga también está planteando la posibilidad de limitar a un 10% de la edificabilidad de la vivienda turística en el casco antiguo. De momento, lo único que se ha fijado como obligatorio es la inscripción para poder operar fijando una serie de requisitos mínimos a los anfitriones de calidad y confort equiparables a los del resto de alojamientos turísticos con el fin de asegurar los derechos de los usuarios y evitar situaciones de fraude, competencia desleal e intrusismo al tiempo que permite garantizar la seguridad pública del propietario al llevar a cabo un registro sobre los viajeros que van utilizando este hospedaje. Desde un primer momento, la Junta viene trabajando con los portales e inmobiliarias que promocionan los alquileres vacacionales y ya han conseguido que algunas de las principales plataformas, como la de Airbnb, establezcan el número de registro de oferta reglada para diferenciar de las que operan sin autorización.

La empresa líder en este sector explicó que la comunidad recibió en el último año más de un millón de visitantes a través de Airbnb, beneficiando a más de 30.000 familias andaluzas que obtuvieron 157 millones de euros. El anfitrión típico, según los datos de la compañía, ganó 2.700 euros en 2017 y el anuncio medio se compartió 34 noches al año, menos de tres días al mes. Este tipo de alojamiento está de moda y su tendencia al alza hacía más que evidente la necesidad de un decreto de la Junta para que lo incluyera dentro de la oferta reglada en la que sólo se contemplaban las casas rurales, apartamentos turísticos, hoteles, campings y albergues.

La provincia de Almería tiene el 8% de la cuota regional de pisos turísticos y de las 12.000 plazas un 90% se concentran en la costa. A pesar de las buenas cifras del año pasado para el sector, fuentes de la patronal hostelera apuntan a que las viviendas con fines turísticos están frenando la recuperación de los hoteles. En la provincia almeriense la distribución de los viajeros que van al hotel ha pasado del 65% del total en el primer trimestre de 2005 a un 60% en el de 2015 y al 58% en la actualidad. Cifras que contrastan con el auge de los registros de los apartamentos, pisos o chalés en alquiler cuya cuota ha pasado del 3,7% en el primer trimestre de 2005 al 10,9% en el de 2015 y a un 13,2% en el ejercicio en curso.

El incremento de plazas en hoteles de la provincia ha sido de casi un 2% en el último año, mientras que en las viviendas con fines turísticos ha superado el 61%. Es el nuevo turismo vacacional que cerca al tradicional, pero con el que quiere convivir en armonía.