Multas a 38 ayuntamientos por vertidos a cauces de ríos

Expedientes sancionadores a 38 ayuntamientos de la provincia y 3 empresas por los vertidos que han venido realizando durante el último año al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, multas una vez ratificadas por la Consejería de Medio Ambiente que van desde los 6.000 hasta los 300.000 euros en función de la gravedad y su impacto negativo en el entorno natural. Durante el ejercicio anterior fueron treinta las sanciones, 29 a consistorios y sólo una a una industria, lo que evidencia un repunte de casi una decena de incumplimientos en la realización de los vertidos no autorizados o en casos en los que se han superado los límites que se habían establecido. A la Junta le corresponde la regulación y gestión de todos los vertidos que se efectúan en aguas interiores de la comunidad en virtud del artículo 57.3 de la reforma del Estatuto de Autonomía y hace un par de años fue aprobado el Decreto 109/2015 en el que se establecen las funciones de la administración andaluza para la vigilancia, inspección y control ambiental de las actividades e instalaciones que estén sujetas a la autorización de vertidos tanto en el dominio público hidráulico como en el marítimo-terrestre. También lo recoge la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía en la que se fijan los planes de inspección como la fórmula idónea para la prevención de los vertidos y de su afección medioambiental. Y nadie escapa a ese control pese a los incumplimientos de la propia administración autonómica a la hora de construir una treintena de depuradoras declaradas de interés general. Los municipios y en su caso las empresas tienen la obligación de respetar siempre los condicionados establecidos, cuenten o no con los medios que se requieren. Viene ocurriendo en el cauce del Río Antas y en la recta final de la desembocadura del Río Andarax a los que llegan aguas residuales no permitidas o en volúmenes superiores a los adecuados. En el Levante están a la espera de la construcción de una nueva depuradora en Antas porque la que había la destruyó una riada durante la gota fría de septiembre de 2012 y en el caso de los pueblos del Bajo Andarax se está ultimando la conexión de cada municipio con una tubería principal ya enganchada con la estación depuradora de El Bobar recientemente ampliada con una inversión de casi ocho millones de euros.

Otras de las multas impuestas responden a los vertidos que en los últimos años acaban en la costa de Vera procedentes de las depuradoras de Cuevas, Vera y Palomares-Villaricos, fábricas de la zona y las desaladoras de esta comarca. No obstante, desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente argumentan que no suponen ningún riesgo para la salud de los vecinos. Está claro, así lo ha reconocido la Junta, que España y Andalucía llegan tarde ante el mandato europeo de un ciclo integral del agua basado en el vertido cero, de manera que las depuradoras programadas ya tendrían que estar funcionando desde finales de 2015. A partir de ese retraso, la administración regional ha dado un acelerón a los proyectos y el Gobierno es el que no ha explicado aún su plan de trabajo para el desarrollo de las actuaciones por valor de 300 millones de euros declaradas de interés general del Estado, entre las que figuran las relativas a la depuración en los municipios del Poniente almeriense. Mientras se avanza en este sentido, desde la Junta trabaja en tres líneas: el programa de seguimiento de las depuradoras, el plan anual de la inspección de vertidos y el plan de autocontroles.

El primero relativo a las EDAR responde a la obligación anual de reportar informes precisos a la Unión Europea asegurando el cumplimiento de la depuración de aguas residuales urbanas, así como de la directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo. Con el programa se realiza un control exhaustivo de las instalaciones de depuración evaluando tanto el equipamiento como función en base a las pruebas y analíticas específicas de sus parámetros. A lo largo del último año la Junta realizó 432 inspecciones en las 39 depuradoras de la provincia.

El siguiente campo es de las inspecciones de vertidos siendo 1.115 las que se realizaron a lo largo de 2016 para comprobar si las instalaciones industriales y de depuración cumplen con los condicionantes recogidos en sus autorizaciones de vertidos, así como los requisitos relativos a la legislación ambiental. Este plan sectorial contempla la ejecución de 733 controles de vertidos al dominio público hidráulico y de otros 464 al litoral. En Almería en el marco del plan anual de inspección se realizaron un total de 157 en aguas interiores y 62 en el litoral, una veintena más de los previstos en años atrás. Se contemplan inspecciones tanto rutinarias como programadas y otras vinculadas al otorgamiento del permiso, así como en base a las denuncias e incidencias que puedan surgir. Lógicamente, la periodicidad de las inspecciones depende del tipo de vertido, ya sea industrial o urbano, así como del grado de contaminación, las características del medio receptor o incumplimientos previos.

Es decir, el control es mayor en los vertidos cercanos a espacios naturales protegidos o cuando se trata de industrias que pueden ser altamente contaminantes. Y el tercero de los ámbitos que se vigilan responde a cada una de las Resoluciones Autorizadas de Vertidos (AV) que incluyen en su condicionado un Plan de Autocontroles con la finalidad básica de optimizar el funcionamiento de las EDAR por sus gestores. Con la información resultante en los autocontroles se adecua su servicio a los efluentes que reciben, parámetros como volumen, carga contaminante, régimen de entrada, temperatura ambiente y composición. Formulan tanto informes periódicos como una declaración anual y los que se realizan al medio marino tienen un plan de seguimiento para que no se produzcan impactos en el medio receptor.