Noventa administrativos al paro y decenas de colegios sin su servicio

Con la llegada del mes de noviembre, más de noventa auxiliares administrativos de los centros educativos de infantil y primaria de la provincia (800 en Andalucía) se irán al paro. Desde la consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la misma que gestionó la implantación de estos puestos de trabajo hasta ya ocho años, se ha decidido que que no van a renovar contratos con las empresas que venían prestando este servicio, pues tenían contratadasd a las personas que ejercían estas funciones. Y todo eso, según los afectados, a pesar de que la Junta estaba obligada a renovar estos puestos cuando finalizar al contrato, independientemente de si era la misma empresa u otra distinta.

De esta forma, desde la consejería se informó que cuando vayan finalizando los contratos, algo que sucede este mes de noviembre, ya no habrá más renovaciones. La Junta utilizará su Plan de Choque, mediante el Servicio Andaluz de Empleo, para llevar a cabo un proceso de selección y reponer las plazas. Es decir, se destruyen más de 90 puestos de trabajo en la provincia para buscar a los mismos desde el paro, dándole la vuelta atortilla de esta forma. Se contrata desde función pública. Así, al haber un cambio de modelo de contratación, no existe la posibilidad de subrogación de dichos empleados.

La segunda consecuencia que esto ha traído consigo es que haya un perido en elq ue mientras se contrata, no se dispone de este personal en los centros educativos, aunque desde la consejería se afirma que será de corta duración. En algunas provincias como la de Málaga no cuentan con este personal desde el pasado día 7 y en Cádiz desde el pasado día 10.

Rápidamente, han salido en defensa de estos administrativos distintos colectivos, tales como la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (ASADIPRE), sindicatos como Comisiones Obreras e incluso Izquierda Unida, quien también presta sus servicios a la Junta de Andalucía en una de las consejerías, la de Fomento y Vivivienda.

Por tanto, las reivindiaciones de estos monitores están claras. Piden mantener la continuidad en el servicio como personal adminsitrativo para, segundo los consejos escolares, "garantizar la eficacia en la calidad, efidencia y economía de recursos invertidos de tiempo, formación, dedicación y voluntad que, sobradamente, vienen demostrando". Además, también manifiesta "el agravio comparativo que pudiera producirse en el caso de posibilitar el acceso a este servicio por parte de otro personal a un centro desconocido donde no solo se trata con número y datos, sino con realidades personales".

Hay que recordar, según exponen los mismos trabajadores, que su puesto "ha sido castigado en los últimos años sufriendo una merma tanto en su sueldo como en las horas contratadas".

La solución no es otra que la de proceder al reconocimiento administrativo a efecto de homologación de la tarea realizada por las personas afectadas, de forma que puedan acceder a la oferta pública de empleo en igualdad de condiciones con otras personas.

Para el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO, Antonio Valdivieso, "esta propuesta nace por cuanto se va a producir una sucesión de empresas y el personal ha estado prestando servicios a través de dichas empresas en los colegios de la consejería de Educación en fraude de ley por haberse registrado, según el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, una "cesión ilegal" de trabajadores desde las empresas adjudicatarias del servicio a la propia Junta de Andalucía -que actúa como empresa cesionaria-, al producirse una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria".