El Obispado da un ultimátum a los inquilinos del bar El Corralillo

La pedanía de Topares sigue sin encontrar la paz. El conflicto entre el Obispado de Almería y la Hermandad de Ánimas por la propiedad de los locales que rodean la iglesia, después de unos meses en stand by, vuelve a sonar con fuerza. No hay otro tema de conversación en el pueblo en los últimos días después de conocer la llegada de varios burofax dirigidos a quienes actualmente gestionan dichos inmuebles, y tras la visita de la Guardia Civil al bar El Corralillo para supervisar todo tipo de documentación (sello de autónomo, licencias...) y verificar que todo está en regla. Cabe recordar que el bar reabrió sus puertas el pasado mes de mayo con nuevos inquilinos (coincidiendo con las fiestas patronales en honor a San Isidro) después de que la anterior hostelera decidiera abandonar tras ser denunciada por el Obispado, acusada de usurpar un local de los que la Iglesia tiene inscritos en el Registro de la Propiedad.

Las inspecciones de la Guardia Civil se han sucedido después de que el Obispado remitiera un burofax a los nuevos inquilinos, el pasado día 2 de junio, en el que les informaba de que tenían un plazo de quince días para regularizar la situación del alquiler o de lo contrario no habría otra opción que presentar una demanda judicial. Es exactamente el mismo texto del burofax que ya remitieron en su día a la anterior propietaria, previo a la demanda judicial que después se retiró por parte del Obispado.

El aviso de ahora, más bien un ultimátum, ha llegado a todos los implicados en el asunto, es decir, a quienes gestionan el tanatorio, a los inquilinos del bar, a la peluquería y al salón social. Los quince días ya han transcurrido y únicamente ha habido conversaciones con la persona que se hace cargo del tanatorio. Los inquilinos de bar, por el momento, ni han abandonado ni han movido ficha para regularizar la situación con la Diócesis.

Según ha explicado a Diario de Almería Ignacio López Román, vicario general del Obispado, “efectivamente el plazo se ha acabado; vamos a esperar un poco más..., si no nos dejan más opciones pues se estudiará con los abogados cuál es el siguiente paso. Nosotros hemos enviado comunicación por burofax a todos con el objetivo de evitar juicios y más polémicas. Esperamos que podamos entendernos y evitar tener que recurrir a la justicia. Cuando hay voluntad de entendimiento por nuestra parte no ponemos ninguna dificultad. El hombre que tiene alquilado el tanatorio sí se ha puesto en contacto con nosotros y estamos a punto de llegar a un acuerdo para que él pueda seguir en las mismas condiciones que hasta ahora”.

Mientras tanto, quienes gestionan ahora el bar se afanan en recopilar toda la documentación solicitada por los agentes de la Benemérita el pasado viernes. Entre otras cosas, la licencia de apertura del establecimiento que, según ha confirmado el abogado de la Hermandad de Ánimas, Ricardo Martínez, ya se ha solicitado al Ayuntamiento de Vélez-Blanco y se ha pedido que se expida con la máxima urgencia posible dado el plazo señalado por los agentes de un mes. A finales del mes de julio deberán aportar toda la documentación requerida.

El abogado que ejerce la defensa de la Hermandad de Ánimas en este conflicto, Ricardo Martínez, asegura que el letrado del Obispado aún no ha comunicado nada nuevo sobre el asunto que mantiene en ‘guerra’ a los vecinos de la pedanía con los representantes de la iglesia.

Es precisamente el próximo mes de agosto cuando se cumple un año desde que comenzó la batalla del pueblo de Topares contra la Diócesis de Almería por la propiedad de un total de cinco inmuebles que hoy albergan la peluquería, el tanatorio, el salón social, el bar y la entidad bancaria Unicaja.

Los vecinos siguen sin ir a misa

Los vecinos siguen sin acudir a misa como gesto de protesta y rechazo a las “artimañas de la iglesia para arrebatar al pueblo lo que es del pueblo”, como asegura el presidente de la Hermandad de Ánimas, Alfonso Serrano. Continúan desplazándose hasta el pueblo más cercano, El Moralejo (pedanía de Caravaca de la Cruz, Murcia) para poder escuchar la palabra de Dios. Unas veces van en coches particulares y otras en autobuses que contratan y pagan de los ahorros que tiene la hermandad. No se hablan con el párroco de su pueblo, a quien atribuyen gran parte de la culpa de lo que está ocurriendo. Este año no ha habido procesiones de Semana Santa por no haber quien saque a los santos, ni procesión con el patrón San Isidro; Tampoco Corpus Cristi.

El desenlace de esta historia podría acabar nuevamente en manos del juez si definitivamente las partes no logran entenderse y el Obispado decide que no hay más opciones que interponer una denuncia para que sea la justicia quien tome la última decisión. Los vecinos han rechazado cualquier propuesta de cesión, sea por los años que sea, porque consideran que esos locales son suyos. Y mantienen su palabra. Por su parte, el Obispado tiene la propiedad registrada de forma legal a través del proceso de las inmatriculaciones y rechaza que sea el propio obispo de Almería, Antonio Gómez, quien se reúna con los topareños para intentar la negociación, algo que los vecinos han pedido en varias ocasiones.

¿Habrá entendimiento?

El vicario general ha vuelto a indicar a este periódico que “ojalá no sea necesario acudir a los tribunales, pues es voluntad del Obispado que esos salones sigan cumpliendo las mimas funciones que hasta ahora. Nosotros lo único que pedimos es que se regularice la situación, es decir que los contratos de alquiler que se hagan sean legales. Por lo que a nosotros respecta, nunca van a dejar de prestar el servicio que prestan, y no pretendemos ni venderlo ni darle otro uso”. Es el mismo mensaje que ya trasladó López Román en su día a los vecinos con los que mantuvieron una reunión en Almería, entre ellos el presidente de la Hermandad, el alcalde pedáneo y los letrados de ambas partes. La propuesta fue rechazada por el pueblo por unanimidad durante una asamblea multitudinaria en la que se llevaron a cabo votaciones y hubo participación incluso online de personas que estaban confinadas por la COVID-19 o que simplemente vivían fuera y querían ser partícipes de tan importante decisión.