Mañana se cumplen 56 años de radioactividad en Palomares. A las 10:22 horas del 17 de enero de 1966, en pleno apogeo de la Guerra Fría, se produjo el accidente nuclear por la colisión de un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico norteamericano B -52. Cuatro bombas de hidrógeno, 70 veces más destructivas que las de Hiroshima y Nagasaki, dispersaron casi 10 kilos de plutonio, americio y uranio en esta zona comprendida entre Cuevas y Vera generando durante más de medio siglo un agravio medioambiental y un estigma económico y social de una población hastiada de ser reconocida dentro y fuera de España por la icónica imagen del baño de Fraga.

El accidente que padecieron fue único en el mundo. Aunque no se produjo ninguna explosión nuclear, no había caído una bomba en una zona habitada desde 1945. Y también fue única la tibia respuesta de los afectados. Siempre ha imperado la ley del silencio y, pese al olvido y desamparo de los gobiernos de España y Estados Unidos, sólo se recuerdan movilizaciones muy puntuales en 1967 y 1985. Hasta los soldados norteamericanos desplazados a Almería consiguieron que la justicia indemnizara a los que habían sufrido enfermedades relacionadas con este oscuro episodio, pero en España había otros intereses en juego, como el turismo nacional, la economía local y el incipiente desarrollo del programa de centrales nucleares. El oscurantismo inicial de la dictadura franquista dio paso a una inacción incomprensible con la democracia.

Palomares quiere limpiar su suelo y su nombre, de una vez por todas, pero la deslealtad de los sucesivos gobiernos no permite avanzar hacia un entorno libre de radioactividad. Ni tan siquiera la serie documental de Movistar, con testimonios sobrecogedores entre los que se recogen más de 300 telegramas localizados en el Museo del Ejército, ha logrado darle el empujón necesario a un asunto que parecía encarrilarse cuando en octubre de 2015 se firmaba por parte del ministro Jesús García-Margallo y el secretario de Estado John Kerry un acuerdo bilateral para realizar la limpieza definitiva de los terrenos. 

Mapa con los tres puntos identificados con radiación elevada que siguen accesibles a la población

Es más, la administración española ha iniciado un plan para expropiar definitivamente los terrenos que estaban afectados en régimen de alquiler, lo que se interpreta claramente como que no entra en sus planes realizar la descontaminación definida en el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear en mayo de 2010. Uno de los mayores expertos en la materia, José Herrera, autor de varias publicaciones y el documental Operación Flecha Rota, avalado por uno de los colectivos conservacionistas que más vienen batallando en esta cruzada -Ecologistas en Acción-, acaba de presentar una nueva denuncia ante el Consejo de Seguridad Nuclear en la que localiza tres zonas con índices de radiación elevada fuera de la zona delimitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

Greenpeace también detectó un par de puntos con contaminación fuera del vallado, al alcance de las personas, pero nadie ha movido ficha. En la reclamación de Herrera, se plantea concentraciones significativas de radioactividad en tres lugares accesibles al público. En Puerto Blanco, cerca del cementerio, junto a la balsa mayor. En la zona 3 -urbana- en el edificio de planta baja propiedad del Ciemat, dentro de los terrenos vallados, donde se almacenan desde noviembre de 2016 un total de 670 kilogramos de residuos con una actividad radiológica superior a los cinco millones de Bequereles.

Y la tercera en la calle Diseminado la Punta con valores muy por encima de los permitidos. Según detalla el investigador José Herrera, ya en su día fueron registrados por el propio Ciemat y en un análisis independiente realizado en Suiza, pero no se ha tomado ninguna medida de prevención pese al tránsito diario de personas. Otra razón más para que el Gobierno actúe de una vez por todas. Es una amenaza real, pero ignorada, de momento. El Tribunal Supremo admitía a trámite hace sólo unos días un recurso de Ecologistas en Acción por el que revisará el procedimiento que insta al Ciemat a la retirada de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada recogidos en el plan preliminar.