La Policía investiga a las familias de 30 alumnos de Almería por fraude en la escolarización

Cambios de empadronamiento, divorcios y otros trucos que cada vez sorprenden más son los que habitualmente están bajo el punto de mira de la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía cuando llega el momento de la escolarización. Se trata de cuestiones que suben la puntuación de cada alumno y que persiguen el objetivo de lograr una plaza en el colegio que desean.

A pesar de que cada año la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía da cuenta de las familias que han sido investigadas por este tipo de fraudes, el problema persiste. Y las investigaciones no cesan. La mayoría de las veces las familias realizan estas gestiones fraudulentas en la pelea por lograr una plaza en un colegio concertado, principalmente en Almería capital, pero también se ha dado el caso de fraudes de este tipo en colegios públicos que tienen alta demanda, tal y como aseguran desde la administración.

A principios del actual curso escolar se presentaron un total de varios Recursos de Alzada, o denuncias por parte de padres cuyos hijos se habían quedado sin plaza. A raíz de esto, la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía inició la correspondiente investigación sobre los datos de un total de 30 alumnos y alumnas, la mayoría en la capital. Llevaron a cabo visitas en los domicilios que se indicaban como habituales, se realizaron entrevistas con familiares y vecinos, incluso se instruyeron inspecciones oculares en el interior de las viviendas para comprobar si había ropa de los niños y de los padres, así como otros signos de que efectivamente la familia vivían allí como acreditaban con el certificado de empadronamiento... El objetivo es verificar si todo estaba en regla o existía algún tipo de fraude. El procedimiento de empadronamiento fraudulento más habitual es situar como domicilio habitual el de los abuelos de los menores o el de otros familiares, fundamentalmente tíos o incluso amistades de los padres de los escolares.

Tras las averiguaciones policiales, los agentes indicaron finalmente que un total de 12 alumnos realmente no tenían la puntuación que habían reflejado en la documentación entregada para la formalización de la escolarización.

A partir de aquí, es la Delegación de la Junta de Andalucía la que debe modificar sus puntos y recolocar a los investigados en otros colegios de su zona de influencia real, lo que hace que las listas se muevan y muchos de los niños y niñas que habían quedado excluidos de los centros objeto de la investigación finalmente puedan obtener su plaza de forma reglamentaria. Muchas de estas resoluciones llegan meses después del inicio de curso.

El proceso de escolarización se inicia cada año al inicio de mes de marzo y se prolonga durante un mes para los alumnos de nuevo ingreso, es decir los de tres años, así como también para los alumnos que quisieron cambiar de centro educativo. Es precisamente en el ciclo de infantil donde se producen en mayor medida este tipo de fraudes para lograr la plaza, pues una vez que el menor está escolarizado no tendrá que volver a acreditar nunca más la puntuación en la matriculación de los cursos posteriores.

Es en ese mes cuando los padres deben elegir el centro escolar que quieren para sus hijos y aportar la correspondiente documentación que acredita la puntuación en base a la cual se adjudican las plazas.

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía explica que los centros educativos realizan un primer filtro de las solicitudes que presentan las familias para subsanar posibles errores y solicitar a estas la acreditación de la documentación que consideren oportuna. Posteriormente se abre un proceso en el que las familias pueden consultar los puntos asignados al alumnado y si lo estiman oportuno pueden presentar recurso, el cual da lugar a una investigación.

Es la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía la que tiene encomendada esta tarea, siempre con el fin de evitar el perjuicio que sufren aquellas familias cuyos hijos se quedan sin plaza en el centro educativo que les corresponde por residencia real o laboral.