Aprueban la oposición y no pueden ejercer de docentes porque la Junta no facilita intérprete

Maestro de Pedagogía Terapéutica, con plaza fija en un centro educativo de la provincia de Almería tras haber aprobado las oposiciones convocadas por la Junta de Andalucía, sordo profundo de nacimiento (sin restos auditivos) y de baja psicológica actualmente por no poder ejercer su profesión al no tener las herramientas y medios necesarios como es, entre otras, un intérprete de lengua de signos española. Es la situación en la que se encuentra Marcos Alfaro Cebrián, un funcionario de carrera que estudió Educación Primaria en la Universidad de Granada y que tras años de esfuerzo y sacrificio ha visto cómo sus expectativas se han desvanecido “por la dejadez, insolidaridad e irresponsabilidad de la Junta de Andalucía”, señala.

Como ha explicado a este periódico, “son ya seis años los que han transcurrido desde que obtuve la plaza definitiva como funcionario de carrera en Almería y tras este periodo de docencia en distintos colegios ha llegado un momento en el que mis fuerzas están al límite. Desde el primer destino, en la localidad de Albox, he luchado para que la administración pusiera a mi disposición un intérprete de lengua de signos para poder comunicarme con los alumnos. Imagínate, si yo no escucho y ellos no me entienden ¿cómo puedo enseñarles los contenidos? Es imposible. La delegación territorial, con la que he tenido varias comunicaciones, siempre se ha mostrado comprensiva, prometía pero señalaba a la Consejería, en Sevilla, como la responsable última de la situación. El caso es que a día de hoy no me han dado solución al problema a pesar de mi insistencia y, cómo no, también de ser mi derecho”.

Tres años de alegaciones han llevado a Marcos a adoptar la valiente y resignada decisión de interponer una demanda por la vía de los Derechos Fundamentales y ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Almería. El objetivo no es otro que lograr que se le reconozcan sus derechos, y que al igual que se le han facilitado todos los medios y herramientas para que pudiera presentarse a las oposiciones (las plazas reservadas para personas con discapacidad), que ahora, una vez superada la prueba, también se le faciliten para poder ejercer la profesión para la cual ha quedado manifiestamente demostrado que está capacitado.

Pide que se le ponga un intérprete o que se le conceda una plaza en el Colegio Público de Educación Especial C.Apoyo.I.Sordos Rosa Relaño de Almería. Dos cuestiones “mínimas y básicas”, describe, teniendo en cuenta además que son concesiones que sí disfrutan otros docentes sordos que ejercen en Andalucía con todas las de la ley. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a otra docente de la provincia de Granada que llevaba años batallando por un caso similar. Era sorda y llevaba más de diez años reclamando intérprete de lengua de signos para poder dar sus clases. Hoy, su victoria después de una larga lucha en los juzgados, se ha convertido en un aliciente para Marcos, quien asegura estar “preparado para afrontar lo que venga con tal de alcanzar el sueño de dar clase dignamente”. “Mi filosofía y mis ganas de trabajar me han hecho seguir adelante y no tirar la toalla en esta lucha por conseguir lo que realmente quiero”.

El hecho de no contar con un intérprete de signos imposibilitaba su comunicación con el alumnado, con sus compañeros docentes y también, cómo no, con las familias, además de la participación normalizada en la vida del centro y en sus órganos. Así lo recoge la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA de la compañera granadina, que consolida los derechos relativos a la adaptación del puesto de trabajo de las personas con discapacidad auditiva, confirmando la inacción de la administración ante este tipo de demandas y haciendo patente el desamparo en el que está dicho colectivo.

Es la misma situación en la que se encuentra Marcos Alfaro Cebrián. Y también otra docente que ejerce su profesión en la provincia de Almería, concretamente en un centro educativo del municipio de Gádor. S. S. M. solo quiere dar sus iniciales. También ha decidido presentar una demanda ante el “abandono” al que la tiene sometida la Junta de Andalucía. Ella es interina y ha ejercido hasta ahora en dos colegios desde que aprobó las oposiciones, sin plaza. Como Marcos, decidió estudiar Educación Primaria guiada por su pasión por la enseñanza y por las puertas que se abría ante ella con una profesión que le llenaba y en la que se habían manifestado “felices”. Asegura que en su puesto de trabajo lo que más hace es comunicar y enseñar, y “educar es comunicar, y por ello es fundamental que tengamos comunicación accesible”.

Y es que si para una persona sin discapacidad ya supone un esfuerzo estudiar una carrera y aprobar una oposición, para una persona con la dificultad de oir y de comunicarse el esfuerzo es titánico, más aún sin la ayuda de la administración, que como señalan los denunciantes “debe ser garante de un puesto de trabajo digno y aplicar la Ley como se ha hecho en otras provincias y como ha sentenciado un juez con el caso de la compañera de Granada”.

Ambos están actualmente de baja. Marcos confiesa tener “problemas de salud mental generados por la constante lucha en la superación de obstáculos día tras día, una situación que ya me desbordó”.

Como anécdota, y para ejemplificar la situación que han estado soportando, cuentan que “en varias ocasiones, ante la impotencia de no poder establecer comunicación con la comunidad educativa, han llegado a pagar de su bolsillo los servicios de intérpretes de lengua de signos para salvar la situación.

S. S. M. y Marcos, tras hacer Pedagogía Terapéutica ahora han obtenido el título de Audición y Lenguaje para abrirse camino en el complejo y burocrático mundo de la Educación. Y con la vista puesta en lograr algún día ser docentes de niños sordos. Sentencian haber soportado esta difícil situación “por los niños, que son los que nos han reportado la satisfacción y fuerzas necesarias para seguir adelante”.