La Asociación de Desarrollo Rural del Almanzora, en su día Proder, no cumple la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Almería que le condena a indemnizar con más de 100.000 euros a uno de sus extrabajadores, el ingeniero agrónomo Luis Miguel Sánchez, en concepto de de las nóminas adeudadas, así como del 10% de mora laboral. Y es que la entidad que agrupa a 26 ayuntamientos del Valle del Almanzora, así como a agentes económicos y sociales de la provincia, se concibió para crear empleo y riqueza en la zona y ha acabado maltratando a sus trabajadores y propiciando que técnicos cualificados como Luis Miguel Sánchez hayan tenido que vivir sin apenas recursos, de lo que ha podido y con ayudas, por la deuda que le ha originado la falta de pagos desde finales de 2015. La cuestión es que el demandante, que ha estado casi dos décadas al servicio de los vecinos, cuenta con un fallo judicial que avala tanto la indemnización como el perjuicio ocasionado por la mala gestión de la Asociación de Desarrollo Rural y aún así no recibe la cantidad que marca el juez. Tampoco tiene opción de percibir los ingresos del FOGASA porque la ADR ha seguido dada de alta y, además, realizando movimientos económicos. Es más, la Junta de Andalucía ha aprobado un fondo de 4,3 millones para el presente marco para los proyectos y gastos de esta entidad supramunicipal a través del plan Leader 2014-2020 y ni con esa inyección satisfacen e fallo del Juzgado de lo Social que ha emitido varias notificaciones avisando de que las cuentas están trabadas. El castigo, tan arbitrario como injusto, ha sido tal, que Luis Miguel Sánchez optará cuando se salde la deuda en virtud del fallo por acudir a lo penal para depurar responsabilidades del presidente, el alcalde socialista de Lúcar, José Antonio González, y del gerente, César Martín Cuadrado. No sólo dejaron de pagarle su salario, de 102,72 euros brutos diarios que se estipulan para la categoría profesional de ingeniero, sino que además le despidieron como si fuera una baja voluntaria cuando presentó la denuncia por impagos el 18 de mayo de 2016, por lo que tampoco le dejaron la opción de cobrar el paro en primera instancia para tener que conseguirlo meses después. El técnico ha vivido durante dos años de drama innecesario, un auténtico calvario por una nefasta gestión económica de una asociación que ha cosechado una larga lista de despropósitos peses a los fines con los que se concibió. La falta de transparencia se sumó a impagos de años a los trabajadores y los alcaldes del PP salieron a la palestra el pasado año para denunciar hasta "ilegalidades" por incumplimiento de estatutos y aprobación de varios informes de cuentas y deudas sin firmar por nadie, además por una serie de contrataciones fraudulentas en el ojo del huracán. En la actualidad hay una deuda superior al millón de euros que se pretende repartir entre los 26 ayuntamientos que conforman la entidad, si bien ya hay algunos consistorios como el de Macael que se han salido al no estas dispuestos a pagar la deuda heredada de una pésima gestión y un colapso financiero que en su día se vinculó a los retrasos en la financiación por parte de la Junta y su burocracia comunitaria, pero que esconde mucho más hoy que se cuenta con las partidas para su funcionamiento ordinario.

No están en condiciones de gestionar los fondos públicos, lo que han hecho conmigo no tiene nombre"

La sentencia favorable a Luis Miguel Sánchez condena a la ADR al pago de la indemnización de 73.958,40 euros por incumplir sus obligaciones salariales y de otros 21.578 euros más el 10% por mora laboral. El Juzgado de lo Social número 1 entiende que las cuentas están trabadas por punto neutro judicial, sin embargo, no se ha dado de baja la asociación, mantiene a los empleados y sigue con su planificación de proyectos y solicitó el amparo de Diputación para afrontar sus deudas con la Seguridad Social y Hacienda. "No están en condiciones de gestionar los fondos públicos, lo que han hecho conmigo no tiene nombre, no sólo no me paga como trabajador, sino que además no han hecho caso a lo que dicta un juez cuando su actuación debería ser ejemplar". Este ingeniero que empezó su andadura en el Proder Almanzora en 1998 considera que la Junta de Andalucía tampoco ha estado a la altura porque son la "administración supervisora" y no han evitado ni los impagos ni la omisión de una sentencia judicial. De hecho, según denunciaron los parlamentarios del PP andaluz, fue responsable de los retrasos en la financiación de los proyectos de los grupos de desarrollo rural por continuas trabas a la tramitación, a lo que se unió una preocupante carencia de medios por parte de la oficina técnica de la ADR a la que cortaron internet y línea de teléfono por no abonar los pagos a las suministradoras. En aquella etapa de asfixia no alzaron la voz contra las limitaciones impuestas por la administración regional al estar presidida la junta directiva por un alcalde socialista. Es más, la parálisis de la entidad para el desarrollo de iniciativas rurales en el Almanzora ha propiciado la renuncia a fondos europeos que podrían crear empleo y riqueza.