Un abogado denuncia los abusos sufridos junto a su mujer a manos de los guardias civiles de los juzgados veratenses

Juan Perán es abogado y por su profesión visita a diario diferentes sedes judiciales, por lo que conoce bien su funcionamiento y dinámicas. Sin embargo, asegura que el pasado 6 de febrero vivió junto a su mujer una situación de “abuso” inusitada por parte de los guardias civiles que vigilan los accesos de los Juzgados de Vera.

De acuerdo al relato que realiza el letrado a este periódico, a su llegada a estas instalaciones se encontró con una actitud “desconsiderada” por parte de los agentes de la Benemérita, que poco a poco se convirtió en “humillante y vejatoria”. “Hay testigos de todo lo ocurrido: todas las personas que estaban en el Registro Civil esperando. Incluso una de ellas nos dio su nombre y teléfono como consta en la denuncia”, apunta.

En concreto, Perán y su esposa habían acudido a a solicitar una fe de vida. No tenían cita previa pero sabían que a las nueve de la mañana no tendrían problemas para ser atendidos, por lo que llegaron a primera hora.

Eran las ocho y media y el frío hacía presa de los que se encontraban en la puerta, aunque tuvieron que aguardar "esperando instrucciones" ya que no les dejaron acceder al edificio.

Una hora más tarde un funcionario les comunicó que serían atendidos en la medida de lo posible, pero los guardias civiles insistieron en no dejarlos pasar, de acuerdo a la denuncia presentada tras este supuesto incidente.

Dos horas más tarde, con "síntomas de lipotimia" debido a un frío insoportable", la mujer del abogado Perán solicitó acceder de nuevo, lográndolo entonces gracias a que las personas que ya estaban dentro hicieron por acogerla debido a su "estado alterado y tiritando", ya que -presuntamente- los agentes se negaban aún a dejarla pasar.

Una vez dentro, Perán, que había entrado un rato antes, trasladó a los agentes que no había "derecho" a lo que había pasado. De acuerdo a la denuncia, los guardias lo amenazaron por "alteración de orden público" y lo sacaron fuera con una propuesta de sanción, un trato "inhumano y desproporcionado".

“En su propuesta de sanción hacia mí, la Guardia Civil solo dice una verdad. Es cuando exponen (en mayúsculas) que dije que tenían un trato inhumano, pues no tiene lógica lo que hacen y cómo se comportan con la ciudadanía en general que acude a esa edificio. Los ciudadanos tenemos que esperar horas y horas en la calle de pie y con frío. Todo lo demás que dicen en la denuncia, es falso. Yo no incité a nadie contra ellos. Tengo 60 años, hace 37 años que soy abogado y no soy un loco.

Cuando a la patrulla de la Guardia Civil que acudió a detenerme y que terminó imponiéndome la sanción, les dije que preguntaran a los testigos presenciales, se negaron. Solo les interesaba la versión de sus compañeros de la puerta. Sin embargo, la Guardia Civil de acceso también dijeron voz en grito y de forma intimidante “que los citarían a todos como testigos para que dijeran que yo estaba alternado el orden” y entonces, las personas allí presentes, varios dijeron que no lo veían así”, relata el abogado.

En opinión del letrado, un agente en concreto, el que supuestamente efectuó este grito, quiso “condicionar y asustar” a los testigos.

“Debo decir que es la segunda vez que acudo por un trámite personal a ese edificio judicial. La otra vez vi una situación similar, aunque no fui yo el afectado. Hay mucho conflicto para acceder a ese edificio y muy malas formas por parte de los guardias civiles que allí están. La cita previa para la Administración ya ha sido prohibida por los tribunales (hay varias sentencias que así lo han declarado). Pero más allá de ese tecnicismo legal, de lo que se trata es de evitar estas situaciones y prestar un servicio público a los ciudadanos administrados con efectividad y un trato correcto. Las actitudes prepotentes, autoritarias, chulescas y denigrantes deben ser proscritas”, asevera.

Pero es que, además, considera que tanto él como su esposa fueron objeto de un delito de atentado a la integridad moral además de presuntas amenazas y coacciones.

Asimismo, incide en que ellos llegaron a las 8:30 de la mañana y ya “había una cola de más de 10-12 personas pasando frío”. “Todos ellos personas sencillas, humildes, vulnerables y temerosas.

La Guardia Civil de ese lugar trata a las personas con desprecio y de forma abusiva. Si esos agentes reaccionan así conmigo y mi mujer (yo soy abogado y ella es Educadora Social y ha trabajado 15 años en la Administración Pública en situaciones muy complicadas) pueden imaginarse cómo se comportan con personas en su mayoría inmigrantes y vulnerables que sienten temor y lo único que quieren es hacer sus trámites. Aguantan lo que les echen”, ha abundado.

“El edificio de los juzgados de Vera tiene un grave problema con el acceso y las personas encargadas de su control al interior del mismo. Los agentes muestran una actitud incursa en abuso de autoridad. No es aceptable que miembros de los cuerpos de seguridad del Estado protagonicen esas situaciones con ciudadanos que solo buscan hacer sus gestiones”, sostiene Perán.

El único dato positivo es que los funcionarios del Registro Civil pudieron expedir finalmente los certificados que habían acudido a buscar, ya que eran “conocedores de que el día de antes nos habían dicho que podíamos acudir sin cita previa”. “Además, apenas necesitaron 10-12 minutos para darnos nuestros certificados. Sin embargo, estuvimos en todo ese lío provocado por los agentes y su actitud abusiva, varias horas. Desde las 9:00 hasta pasadas las 13:30. Ninguna necesidad teníamos mi mujer y yo de vivir esa situación por el solo hecho de querer ejercer nuestro derecho. Pedir a los agentes formular una reclamación y su número de identificación, no los hicieron pagar caro. Ahora tengo una sanción administrativa que puede costarme una multa de entre 600 a 30.000 euros, el disgusto por la vejación sufrida y perder toda la mañana. Todo un abuso en un país europeo y democrático que dicen que somos”, concluye.