Las voces críticas al acuerdo de investidura de PSOE y Junts no paran de sucederse, y ahora se suma a ellas la del Colegio de la Abogacía de Almería, que censura las referencias al “lawfare” contenidas en este pacto en un comunicado que ha sido aprobado por su junta de gobierno.

"El Colegio de la Abogacía de Almería proclama y sostiene su neutralidad y objetividad como principio de su actuación", aseguran, ya que como corporación de derecho público que representa a una profesión y de obligada afiliación, "no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir”.

Sin embargo, recuerdan que colegios como éste tienen entre sus funciones y fines la defensa del estado social democrático y de derecho, proclamado en la Constitución, y colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos "mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración deestadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, cuando le sean solicitadas o lo acuerden porpropia iniciativa".

"Visto el comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de noviembre de 2023, este Colegio asume las consideraciones contenidas en el mismo: Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ - judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales", afirman.

Apostillan que "tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implicapotencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbitocompetencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de formaplenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada".

Por todo ello, dicen la iniciativa apuntada implicaría "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes". "La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos", añaden.

"Paralelamente hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos", concluyen.