Los acusados de matar a un hombre por un alijo de hachís alegan que seguían a la víctima para "protegerla"

El juicio por el asesinato de Hasan, ocurrido en enero de 2021 en una solitaria vía de servicio de Aguadulce, ha entrado en su recta final con un giro en los testimonios que ha dejado poco espacio a la indiferencia. Los seis acusados que se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial han hecho uso de su palabra para dibujar un escenario donde la lealtad, los "trabajos" ilegales y la desconfianza crónica del mundo del hachís se mezclan con un crimen ejecutado con precisión fría. Pese a las explicaciones de los procesados, el fiscal Manuel Hermoso no ha movido un ápice su posición y mantiene la acusación por asesinato para todos ellos.

Sallah, el principal acusado de instigar el crimen como represalia por un "vuelo" de droga a unos ciudadanos franceses, ha intentado desmontar el móvil económico. Ha admitido que Hasan le debía 45.000 euros, pero ha defendido que esa deuda era fruto de préstamos personales de sus ahorros como futbolista y no de un negocio de estupefacientes. "Le insistía por mensaje porque me hacía falta el dinero, pero jamás le amenacé", ha declarado. Su coartada lo sitúa en el puerto de Aguadulce tomando copas cuando se produjeron los disparos.

Su hermano Mohammed ha seguido una línea similar. Ha reconocido que la víctima estuvo en su casa tomando un té apenas minutos antes de morir y que fue allí donde se percataron de que el Citroën Cactus de Hasan tenía una rueda pinchada. Según la investigación de la Guardia Civil, esa rueda fue rajada intencionadamente para forzar a la víctima a circular a baja velocidad por una zona sin escapatoria, facilitando así la emboscada.

La versión del "escolta"

Sin duda, el testimonio más tenso ha sido el de Jaouher. El acusado ha reconocido que el BMW negro captado por las cámaras de seguridad siguiendo a la víctima era en el que él viajaba. Sin embargo, su explicación ha sido diametralmente opuesta a la del fiscal: asegura que no le perseguían para matarle, sino que le daban "cobertura de seguridad" porque Hasan iba a realizar un robo de droga esa tarde.

"Hasan estaba paranoico, pensaba que le seguían y nos pidió que estuviéramos detrás por si pasaba algo", ha relatado Jaouher, quien ha llegado a jurar por su hija que no apretó el gatillo. Ha justificado el hallazgo de balizas de seguimiento y munición del calibre .38 en su domicilio asegurando que pertenecían al propio fallecido y que él simplemente se las "guardaba". Esta versión ha sido secundada por Cosmin, el conductor del BMW, quien ha restado importancia al hecho de que todos cambiaran sus teléfonos y tarjetas SIM tras el asesinato: "En nuestro mundo, si pasa algo raro, tiramos el número y compramos otro por seguridad".

Pruebas contra coartadas

Frente a este relato de "protección fraternal", la Guardia Civil y la UCO han desplegado un arsenal de pruebas técnicas. Los peritos han confirmado que los terminales de los acusados realizaron un movimiento coordinado desde diferentes puntos (norte y sur) para converger en el lugar del crimen. Además, la autopsia ha sido demoledora: el disparo fue mortal de necesidad, realizado a corta distancia y de forma horizontal, lo que refuerza la tesis de la ejecución mientras ambos vehículos circulaban en paralelo por la vía de servicio.

Los otros dos acusados, Florin y Emil, han centrado su defensa en el taller mecánico de La Mojonera donde supuestamente trabajaban. El dato más curioso lo ha aportado Emil, quien ha recordado que en el momento de los hechos llevaba una pulsera de control telemático por una condena de violencia de género, una circunstancia que, según su abogado, lo sitúa lejos del punto exacto del tiroteo.

Recta final

Mañana jueves será el día clave con la exposición de los informes finales de las defensas y la Fiscalía antes de que el objeto del veredicto sea entregado al jurado popular. El fiscal Hermoso mantiene que se trata de un asesinato con alevosía y disfraz, subrayando que los acusados se coordinaron para interceptar a un hombre al que previamente habían dejado indefenso inutilizando su vehículo. Las penas solicitadas oscilan entre los 10 años para los cooperadores y los 23 años para los considerados autores materiales e inductores, además de una indemnización de 200.000 euros para la familia de la víctima.