El alcalde de Carboneras condena que Gobierno y Junta usen El Algarrobico como "arma arrojadiza"

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Ciudadanos), pide un acuerdo definitivo entre administraciones que ponga fin al conflicto sobre el hotel de El Algarrobico que lastra al municipio y cree que esta construcción se ha convertido en un "arma arrojadiza" que utilizan la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Cuando este sábado se cumple el vigésimo aniversario de la paralización judicial de las obras del hotel ubicado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, el alcalde ha hecho balance, en una entrevista con EFE, de estas dos décadas de enredo judicial cuando todavía se está a la espera de su demolición.

Sobre las responsabilidades de que el municipio tenga unas obras declaradas ilegales en su costa, Hernández reparte culpas y señala que el proyecto "contó con el beneplácito y apoyo de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España".

El alcalde recuerda que hace veinte años "no había una conciencia medioambiental tan fuerte" y subraya que Carboneras, de tradición marinera, convivía con municipios vecinos de gran desarrollo hotelero. Por ello, al considerar que "la responsabilidad es compartida", reclama que "se alcance un acuerdo entre administraciones con el que se ponga fin a este problema".

Sin embargo, se muestra crítico con la actitud de los ejecutivos autonómico y central y afea especialmente los recientes anuncios de expropiación: "Lo que sí es evidente es que, lamentablemente, el hotel Algarrobico se ha convertido en arma arrojadiza entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía".

A su juicio, este "uso con fines partidistas impide alcanzar acuerdos y encontrar soluciones en beneficio del interés general".

Un Ayuntamiento sin capacidad económica

Uno de los mayores temores que planean sobre la localidad es la responsabilidad patrimonial derivada de las licencias concedidas en su día, ante la reclamación de la promotora del hotel, Azata del Sol, que ha llegado a pedir en los tribunales una indemnización de 100 millones a pagar por el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento.

Hernández advierte de que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto anual de apenas 11 millones de euros, por lo que "evidentemente, no le sería posible asumir su parte de una indemnización de ese calibre".

Además, considera que no sería justo hacer recaer ese peso sobre los ciudadanos, a quienes define como los "principales damnificados por la situación", e incide en que el municipio necesita apoyo para su "reconversión económica por el cierre de la central térmica".

Para el alcalde, "Carboneras ha sido la gran perjudicada en los últimos 20 años", ya que no ha obtenido "ni las expectativas de empleo y desarrollo que se prometieron con el hotel ni una sola de las medidas de compensación anunciadas". El resultado, lamenta, ha sido únicamente "una mancha reputacional que estamos intentando limpiar día a día".

El futuro y el hartazgo vecinal

Sobre el reciente cambio en el plan urbanístico del municipio por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), asegura que no se siente perseguido por la justicia y que "cualquier posibilidad urbanística lleva cerrada desde que el terreno se declaró no urbanizable, y el Ayuntamiento ha tenido eso siempre claro".

En cuanto a la demolición del hotel, se remite al protocolo firmado en su día, por el cual "el Gobierno central asumiría la demolición y el autonómico la restauración de la zona". "A ellos corresponderá esa tarea, así como poner en marcha un plan de compensación real para el municipio", sentencia.

Mientras tanto, el Ayuntamiento centra sus esfuerzos en la captación de nuevos proyectos empresariales para los antiguos terrenos de la térmica y apuesta por "una industria sostenible, un turismo y servicios de calidad y nuestra tradicional actividad pesquera", señala el alcalde.

Documentación por subsanar desde diciembre

El Consejo Consultivo de Andalucía mantiene paralizada la emisión de su dictamen sobre el expediente de El Algarrobico, a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras subsane una serie de deficiencias detectadas en la documentación.

El proceso se inició el pasado 5 de diciembre de 2025, cuando tuvo entrada en el órgano consultivo andaluz un oficio remitido por el alcalde del municipio almeriense. En este escrito se solicitaba un dictamen en relación con el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno municipal el 13 de enero de 2003, el cual concedió la licencia de obra original al hotel.

Según una nota, tras la recepción de la solicitud, los servicios jurídicos del Consejo Consultivo procedieron al examen de la documentación adjunta, observando "deficiencias significativas" que constituyen un impedimento legal para poder emitir el correspondiente dictamen.

Ante esta situación, el órgano autonómico notificó y requirió formalmente al alcalde de Carboneras el pasado 11 de diciembre de 2025 para que aportara toda la documentación que falta, exigiendo la remisión íntegra del expediente para poder cumplir con el trámite.

Entre la información requerida y aún no aportada se encuentran diversos informes técnicos y jurídicos referentes a la concesión de la licencia, así como la propia propuesta de resolución que debe someterse a dictamen.

El Consejo Consultivo ha remarcado que la presentación de esta propuesta de resolución es de "especial trascendencia" y constituye un requisito "indispensable" para que la solicitud sea admisible. La normativa es clara a este respecto: el apartado 3 del artículo 63 del Reglamento del Consejo Consultivo de Andalucía dicta que "las solicitudes de dictamen se formularán cuando el procedimiento se haya tramitado en su integridad, una vez formulada la propuesta de resolución".

Este paso es crucial, ya que el dictamen del órgano debe concluir pronunciándose de manera motivada, ya sea favorable o desfavorablemente, precisamente sobre dicha propuesta.

Hasta el día de hoy, este trámite todavía no se ha cumplido puesto que el Ayuntamiento de Carboneras no ha procedido a subsanar los errores señalados ni ha aportado la documentación requerida en diciembre.

Debido a que persiste la imposibilidad legal para la emisión del dictamen, el propio Consejo Consultivo dio traslado formal de esta situación de bloqueo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 11 de febrero.